Sesiona el senado bonaerense y se espera que se apruebe el proyecto para la construcción de cárceles

Por Juan Vera Visotsky


Esta tarde la Cámara Alta sesiona y se espera que convierta en ley el proyecto para la construcción de alcaldías y cárceles en la Provincia. La iniciativa, que tuvo unanimidad en Diputados, prevé la declaración de utilidad pública y posterior expropiación de parcelas en los distritos de Morón, Lanús, Ezeiza y Tres de Febrero.
 
“La lógica es descomprimir el sistema penitenciario y terminar con la crisis de infraestructura crónica que se viene arrastrando”, expresaron a NuevaBA fuentes del senado de la Provincia.
 
Así, la Cámara Alta daría el paso definitivo hacia la ampliación de los alcances de la Ley 14.806 de Infraestructura Penitenciaria, buscando resolver la sobrepoblación que registra y resguardar la integridad física y los bienes de todas las personas, deuda histórica en el territorio provincial que la gestión de María Eugenia Vidal agravó.
 
Desde el ministerio de Justicia que conduce Julio Alak expresaron a este portal que lo que se busca es construir alcaidías para disminuir el hacinamiento en comisarías. "Así la fuerza policial no quede afectada al cuidado de detenidos y esté en la vía pública para la prevención del delito. Las alcaidías son un paso intermedio hasta llegar o no a una unidad penitenciaria”, dijeron voceros oficiales del ministerio.
 
Para tal fin, y con críticas de la oposición (en las cámaras lo aprobaron en general, pero cuestionaron la elección de los terrenos en municipios como Quilmes o Tigre), de algunos jefes comunales y de sectores de la sociedad civil, la Legislatura aprobó la iniciativa que autoriza al Ejecutivo a expropiar inmuebles en los partidos de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre.
 
También se dará tratamiento a los proyectos de los senadores de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, sobre el pedido de emergencia educativa, y Gabino Tapia, para que la educación sea considerada un servicio esencial.

Respecto del tema cárceles, una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intimó hace dos años, aún en el ciclo de Vidal bonaerense, a la Argentina para que cambie las condiciones de alojamiento y hacinamiento que había en todo el servicio penitenciario, pero específicamente en la Provincia de Buenos Aires.

"Cuando (Daniel) Scioli dejó el gobierno teníamos 27 mil internos en todas las alcaldias y cárceles del servicio penitenciario con una capacidad para 23500 personas. Cuando (Axel) Kicillof asumió, en medio de la huelga de hambre más grande de la historia del servicio penitenciario, la cantidad de reclusos que había entre alcaldías, unidades penitenciarias y comisarías era de 52 mil reclusos", explicó en el momento de la media sanción la legisladora provincial del Frente de Todos, Susana González.
 
Ese dato, en términos objetivos, arroja que sólo en los cuatro años de gobierno de Vidal casi se duplicó la cantidad de presos alojados pero no hubo un correlato en la ampliación de las plazas disponibles.
 
Con esta ley se elaboró un plan para poder expropiar determinadas tierras en distintos lugares de la Provincia y poder construir ahí alcaldías y cárceles. Para el oficialismo esto se trata de "el cumplimiento de una de las promesas de gobierno".