Contexto de encierro: La vacunación que falta

Por Tomás Correa


En un día de festejos por las, cada vez más, vacunas libres en el territorio bonaerense, otro foco de atención debe centrarse en la vacunación de riesgo que falta: la de los contextos de encierro en las cárceles de la provincia.

A los ya mencionados procesos judiciales y reclamos por parte de organismos de derechos humanos de las últimas semanas, el pasado lunes se sumó una nueva resolución de la justicia, esta vez la bonaerense.



La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al Estado bonaerense que, en un plazo de 5 días, comience con la vacunación a personas detenidas que integren los grupos de riesgo.

Tal como ya se había profundizado en NuevaBA tiempo atrás, lo que hace el fallo del Tribunal es reconocer que las personas privadas de su libertad no accedieron en iguales condiciones al plan de vacunación. Los excluidos y las excluidas, en su máxima expresión.



El análisis político que surge tiene que ver con que las personas detenidas son vistas como la “escoria” de la sociedad, principalmente desde los grandes medios y sectores de la oposición, que hubieran salido de manera exagerada a gritar que también roban vacunas o sugerir que no merecen vacunarse, como si la vida perdiera carácter humano cuando entran a la cárcel a pagar según la ley por los delitos cometidos.

Esta podría haber sido una de las cosas a evitar, aunque tampoco justifica - ni mucho menos - la no inclusión de las y los privados en la vacunación. Tampoco, claro, la situación sanitaria que vivieron durante la pandemia las cárceles bonaerenses y del país, producto, entre otras cosas, de años de estar fuera del radar de cualquier posibilidad de obra pública.

Justamente por eso último, la gestión de Axel Kicillof inició el camino de mejorar esas condiciones y, luego del envío de una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó y convirtió en ley el proyecto que propone la expropiación de tierras e inmuebles de cuatro municipios del Conurbano para la construcción de cárceles y alcaidías.

Desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires negaron el rechazo a lo expedido por la justicia, pero aclararon que "la justicia no puede definir los tiempos sanitarios". También destacaron que se trabaja en "un protocolo para responder judicialmente siempre en el marco de los grupos priorizados que establece el Plan provincial de vacunación y supeditado a la cantidad de dosis que haya disponibles".


EL CAMINO DE LA SENTENCIA

La presentación del amparo estuvo a cargo de Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, presidente y secretario respectivamente, de la Comisión Provincial de la Memoria.

“Destacan, que en base al listado oportunamente elaborado por el Ministerio de Justicia de la provincia, a la fecha de mayo del año 2020, las personas privadas de su libertad con factores de riesgo para el Covid-19 rondaría las 1.500, entre ellos se encuentran, en su mayoría, personas con VIH y TBC, mayores de 65 años, mujeres embarazadas y madres con hijas o hijos dentro de las unidades penales”, detalla el texto de la sentencia.



Anteriormente, el juez de Garantías Nº 3 de La Plata no había hecho lugar a la medida cautelar, ya que entendía que “no se encuentran acreditados en autos los requisitos para su procedencia”. También puntualizó que “el plan de vacunación es opcional y a voluntad de quien se anota en la app”. 

Tras esa resolución, la Comisión Provincial de la Memoria presentó la apelación que tuvo sentencia el pasado día lunes. “Le cabe una obligación positiva al Estado Provincial respecto al diseño e implementación de una herramienta apta para el acceso al derecho a la vacuna para las personas privadas de su libertad”, señalaron en la presentación.



Las argumentaciones que se sumaron a las mencionadas, fueron implacables al momento de la resolución de la Cámara de Apelación. “Ordenando al Estado Provincial a que en el plazo de cinco días, arbitre con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar un plan programado de acceso a la vacuna contra el Covid-19 a las personas privadas de su libertad que formen parte de los grupos de riesgo frente a dicha enfermedad” resolvió la sentencia de la cámara.

El tribunal también reconoció que durante el contexto de pandemia “se incrementó la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad en atención a las condiciones habitacionales en las que viven”. Este punto continúa siendo algo que, sin dudas, se deberá trabajar desde los estamentos del Estado provincial.


APOYOS EDUCATIVOS

En medio de los pedidos, la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro (REDUNECE) se expidió sobre la situación que se vive en las unidades penales de todo el país.

“Expresamos nuestra preocupación por el lento avance de la vacunación contra el COVID-19 para personas privadas de la libertad, e instamos a las autoridades nacionales y provinciales a poner en funcionamiento los mecanismo necesarios para garantizar el cumplimiento del calendario de vacunación” comenzó el texto esgrimido desde la organización.



También agregaron un dato interesante en relación a las resoluciones que hay que tener en cuenta para dicha situación: “Tenemos presente que en la República Argentina existen instrumentos internacionales, universales y regionales que apuntan al derecho a la salud y que, en la Resolución Conjunta 11/2021 entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fundamenta que el ‘principio de humanidad de las penas en las cárceles no tiene como finalidad el castigo y quienes se encuentran privados de la libertad no deben sufrir mortificaciones más allá de lo que la propia cárcel implica’”.

Obviamente, desde la organización universitaria también se hicieron eco de la situación sanitaria que tienen las unidades penales. Y, más allá de recordar que lo venían denunciando desde antes de la pandemia, comentaron que estos elementos agravantes “se han sostenido o incluso profundizado desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy”.



Por último destacaron que “el Estado viene realizando un esfuerzo de magnitud para garantizar la vacunación en todo el territorio nacional” y que “existe un compromiso por garantizar la igualdad y el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad”. Por ello pidieron, nuevamente, el “cumplimiento efectivo del calendario de vacunación para la personas privadas de la libertad”.