El gris legal y ético de la campaña electoral y el uso de datos personales de la ciudadanía

Por Juan Vera Visotsky


Desde hace algunas semanas la campaña electoral ingresó en la vorágine propia de años impares en la Argentina: recorridas por municipios, carteles en las calles con rostros nuevos y otros conocidos, spots radiales y audiovisuales en radio, televisión y redes sociales.
 
De la misma forma también hubo gente que recibió invitaciones, vía mensajes personalizados, para “tomar un café” con una candidata en la Capital federal; o a acercarse a una actividad de campaña de un candidato del radicalismo.

Una parte de la ciudadanía no dejó pasar este llamativo método de interpelación por parte de los políticos y lo expresaron en las redes sociales. Muchos lo hicieron con tono de indignación, descontententos por una incógnita que sobrevoló el suceso: “¿Cómo consiguieron mi número estos candidatos para “invitarme a un café con María Eugenia” o a “dar el paso” con Facundo Manes?      
 
El uso de la minería de datos no es algo nuevo en política, mucho menos en campañas electorales, pero es cierto que hay una suerte de gris legal en el uso de los recursos del Estado para fines electorales. Según pudo saber NuevaBA, algunos entes estatales que recaban información y datos de personas, se reservan el derecho de vender estos datos a terceras personas y este sería una fuente importante de ingresos del ente.   

“Por supuesto que en términos electorales quien tiene el dinero es quien más datos puede cruzar. Desde usos de tarjetas de crédito hasta un me gusta de Facebook”, dijo una fuente del Gobierno Nacional a este portal.
 
¿A quién vende los datos este ente? A empresas, financieras, bancos privados y claro, partidos políticos. Si bien existe una ley de Protección de datos personales (la Ley 25.326 del año 2000), lo cierto es que esta práctica de vender datos personales de las personas a terceros que puedan estar interesados no es estrictamente ilegal.

En entes como AFIP, ANSES y ReNaPer que recaban datos personales y financieros, los utilizan con fines de políticas públicas o de gestión. El problema es el límite ético que se cruza con la utilización de estos datos.  


“Sabemos que los recursos económicos para una campaña electoral están estipulados por ley y tiene que ver con el desempeño de las fuerzas políticas en anteriores elecciones y demás”, dijo en diálogo con NuevaBA Leonardo Murolo, doctor en Comunicación social, docente de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador en usos y apropiaciones de nuevas tecnologías.

“Ahora bien, hay recursos que son simbólicos y que se pueden usufructuar para una campaña en donde los oficialismos están mejor parados por contar con el aparato que están gobernando y administrando y desde ahí se pueden tomar datos”, expresó.
 
“En la contemporaneidad, desde hace muchos años, utilizando redes sociales donde los ciudadanos comunes volcamos nuestra información, podemos suponer que la utilizan para diferentes cuestiones. Pero eso desde que usamos tarjetas de crédito y demás herramientas, no solo desde que existen las redes sociales”, amplió el investigador y añadió: “Con mayor o menor conciencia, subyace la idea de que nuestros datos los utilizan; y en ese sentido no es de extrañar”.

“Hay sobrados ejemplos en el mundo de estos usos, tales como el de la campaña de Obama en 2012”, ejemplificó Murolo y añadió: “Allí se pensaba que en cada lugar del país había un mensaje específico para las necesidades de ese territorio”. El docente e investigador resalta que hay dos herramientas claves para este proceso: la “big data” y la “minería de datos”. Toda la información personal de las personas y la ciudadanía que se encuentra dispersa por la nube.
 
Y agregó: “Para una elección municipal, por ejemplo, eso podría servir para resolver problemas de campaña: un candidato puede ir saber de antemano qué necesidades hay en cada barrio, que ir a ofrecer a cada sector, y así convertir a ese candidato o candidata en una persona que sabe leer el territorio”.
 
Hay una dimensión de este asunto que es el costo ético de utilizar políticamente los datos personales de la ciudadanía, recabados quizás con fines de despliegue de políticas públicas (como puede ser una campaña de vacunación o contra el covid-19 o la recepción del IFE). Sobre esto, Murolo opinó que “es algo que por supuesto está fuera de toda ética”.


 
“Vos a un ciudadano lo interpelas para solicitarle información para determinadas cuestiones. Le haces descargarse una aplicación para que pueda acceder a determinados derechos o servicios; y con eso yo sé dónde vivís, qué cosas te gusta, tus consumos culturales, qué haces en tu tiempo libre y eso lo utilizo para llamarte o enviarte un mensaje que se que te va a interpelar. Y yo para eso no te convoque y vos tampoco sabes que estoy usando tus datos para esto”, dijo el investigador en diálogo con este portal y aseveró: “Se lo podría llamar engaño de masas si se quiere, y eso es algo que está fuera de toda ética, porque las personas no saben para qué son utilizados los datos que brindan”.
 
El consultor político Hernán Reyes, de la consultora Reyes & Filadoro, dialogó con NuevaBA sobre este asunto: "Desde mi trabajo como consultor promuevo la creación y administración de base de datos, porque me parece que es una herramienta fundamental para hacer mucho más efectiva la comunicación entre los gobiernos y los ciudadanos. No obstante eso, seguramente existen casos en los que se les da un uso ilegal, equivocado o erróneo".
 
"Vivimos en la era de los datos, cada vez generamos más datos. Y cómo se utiliza eso depende de que haya un marco regulatorio que hoy por hoy me parece que es bastante difuso", expresó el consultor.
 
Para el consultor, enviar mensajes de manera segmentada a la ciudadanía no es algo malo en sí mismo. "El tema es haber tenido un consentimiento por parte del ciudadano y que este entienda que hay un beneficio en que se le mande información de modo personalizado". Sobre este punto existe un gris en lo legal.
 
Según Reyes, la utilización de datos personales para acercar un candidato político en un momento de elecciones es "una transgresión de un lazo de confianza, entre el ciudadano que confía esa información al gobierno para una utilización responsable". "Es un abuso de autoridad donde el ciudadano está completamente indefenso por la inexistencia del marco regulatorio", aseveró el consultor en diálogo con este portal.