Las posibilidades que se le abren a los intendentes con la modificación de las elecciones indefinidas

Por Juan Vera Visotsky
 

Para el Pro, el 2022 todavía no trajo la paz y tranquilidad que habitualmente se auguran en los brindis de las fiestas de fin de año. Es que el cierre del 2021 encontró a la principal coalición opositora de la provincia enmarañada en una discusión interna por las elecciones indefinidas de los jefes comunales, la cual finalmente se confirmó con la aprobación de la modificación a la ley provincial 14.836.
 
Así, intendentes de la oposición y del oficialismo podrán reelegir si así lo desean en 2023. Pese a la voluntad política de la exgobernadora, María Eugenia Vidal, de limitar esta posibilidad de los jefes comunales, la mayoría de los legisladores y legisladoras del espacio votaron a favor de tratar el proyecto primero y la aprobación de su modificación después.
 
Pese a haber cruzado la General Paz para erigirse como Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, la exmandataria de la Provincia intentó mantenerse como líder de la oposición bonaerense. La jugada en la legislatura provincial no le salió bien y fue leída desde varios ángulos como una derrota política interna para ella. La modificación de la ley es hoy una realidad y un total de 90 intendentes podrán ir por un tercer mandato consecutivo en 2023.
 
Si bien en lo fáctico sería un tercer mandato para estos jefes comunales, según la modificación de la ley que data de 2016, la legislación comienza a contabilizar el límite de dichos mandatos desde 2019, es decir, el primer mandato de estos intendentes sería el que está corriendo desde ahora hasta 2023. En caso de reelegir ese año, ese sería el 2do.
 
Además, el artículo que se modificó por iniciativa de los legisladores del Pro, Juan Pablo Allan (que responde a Julio Garro) y Joaquín De La Torre (UCR); impide los vericuetos legales que buscaron varios intendentes saltando al ejecutivo o tomándose licencia previo a cumplirse dos años de mandato para poder reelegir en 2023 y que la ley no sea un impedimento. Según la nueva reglamentación el hecho de haber sido electo y asumir aunque sea un día de mandato ya contabiliza como la totalidad de dicho mandato.
 
Sin embargo, es probable que esta ley siga dando que hablar. Quedan varias preguntas y debates que bien podrían descansar en un freezer hasta 2023 o 2027. Una de esas preguntas tiene que ver con la posibilidad de que esta reglamentación comience a correr recién a partir de 2023 por haber sido aprobada en 2021, pese a ser una modificación de una ley de 2016.
 
Tampoco queda claro si los intendentes que hoy se encuentran de licencia o con cargos ejecutivos contabilizarán su primer mandato desde 2023, en caso de que decidan presentarse y ganen las elecciones en sus respectivos distritos. Según fuentes del Pro que participaron en la elaboración de la modificación, estos intendentes contabilizarían su segundo mandato consecutivo en caso de que se de esta situación.
 
Asimismo, las mismas fuentes de la oposición que elaboraron dicha ley aseveraron a NuevaBA que esta modificación no caería en el dilema de la retroactividad que motorizó el debate con la ley como estaba antes; ya que no se trata de una nueva ley, sino de un cambio en una ley que ya regía. Pese a esto, un colaborador del partido amarillo se sinceró al decir “a esta altura todo puede pasar” con esta situación.
 
En estos momentos, el Pro atraviesa más de un dolor de cabeza por los heridos que dejó esta interna con la actual diputada nacional por CABA. Sobre esto el jefe comunal de Bahía Blanca, Héctor Gay en diálogo con éste portal le bajó el tono a esta discusión. "Efectivamente en las dos coaliciones políticas grandes hubo diferencias, las cuales quedaron manifestadas en la votación", dijo y agregó: "Es cierto que siempre estas discusiones generan algún resquemor; pero también es parte del ejercicio de la democracia".

Las preocupaciones de la coalición opositora hoy pasan por el alcance en las repercusiones que tengan los videos de las reuniones entre exfuncionarios provinciales, dirigentes de la AFI y empresarios para digitar causas judiciales contra gremialistas. Pasará a la historia como el caso de “La Gestapo M”.