Unidades Penales: cuando el remedio es peor que la enfermedad

Por Tomás Correa



Poco se ha hablado - no así desde esta columna - de la situación de las Unidades Penales en todo el país. Sacando una catarata de agravios y estigmas que se vieron cuando el pedido de protocolos era “no merecido”, cuesta encontrar análisis y noticias sobre las realidades.

El pasado miércoles, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se hizo eco de la situación y convocó a una audiencia por lo que viven las personas que se encuentran en contexto de encierro.

¿El motivo principal? La superpoblación y el hacinamiento que hay en Unidades Penales y Comisarías ubicadas en el territorio bonaerense.

Para entenderlo es necesario ir a los números: en la actualidad hay 51.240 personas privadas de su libertad. Todo ello en una infraestructura que puede contener, como máximo, a unas 21.000 personas. Más del doble de lo permitido.

A la reunión acudió el Centro de Estudios Legales y Sociales, desde donde explicaron a través de las redes que ya había ocurrido un llamado de atención por parte de la Corte Suprema hacia la Corte provincial.

En este sentido, el problema no fue solamente que no se solucionó, sino que entre el mes de mayo de 2021 y febrero de 2022 la situación empeoró. Lo mismo había ocurrido entre el año 2020 y el pasado.



En cuanto a los números de las comisarías, son 4.700 las personas encerradas según los registros del mes de enero. Pero existe un dato que agrava la situación: “El 40% está alojada en calabozos que fueron clausurados judicialmente”, advirtieron desde el CELS.

En este punto vale aclarar que, entre el 2020 y el 2022 hubo una baja en el número de personas privadas de su libertad. De igual manera, si miramos el año pasado y el actual, existe una suba y una línea que, en principio, iría en ascenso.



Por último, y volviendo a la audiencia, desde el CELS pidieron que “de manera urgente, la Suprema Corte provincial dicte una resolución que incluya medidas concretas para revertir la crisis del sistema penitenciario, y que exija la definición de parámetros para monitorear su cumplimiento”.

Las acciones gubernamentales y de gestión, al día de hoy, no estarían dando respuestas. Lo mismo ocurre, por consiguiente, con las judiciales. Mientras, las y los excluidos siguen viviendo en condiciones desfavorables.