- Política
- 23.03.2022
24 de marzo
24 de marzo: La memoria también tiene que venir de la Justicia
Se acerca un nuevo aniversario del Golpe cívico, eclesíastico, militar, y Nueva BA habló con Guillermo Torremare, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, para conocer el avance de los juicios de Lesa Humanidad que ocurren en la provincia de Buenos Aires.
Por Tomás Correa
El jueves se cumple un nuevo aniversario del comienzo del Golpe cívico, eclesíastico y militar que sufrió nuestro país en el año 1976.
En ese sentido, Nueva BA dialogó con Guillermo Torremare, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
La memoria, más allá de mantenerla viva en lo social, tiene que venir acompañada por un accionar judicial para poder juzgar a quienes formaron parte de la historia negra del país.
En la actualidad, son dos los juicios de Lesa Humanidad que, en territorio bonaerense, continúan su curso.
Torremare comentó que “son causas que están comenzando la etapa del juicio oral pero que llevan más de 10 años de investigación en la instrucción”.
En el juicio que se lleva a cabo en Mar del Plata, el copresidente de la APDH ejerce como querellante, mientras que en la de Bahía Blanca es testigo, por los casos de secuestros de tresarroyenses que investigó.
“Ambas son causas en las que muchos represores imputados quedaron en el camino porque la demora hizo que se murieran o que fueran apartados del juicio por estar enfermos. Nosotros lo llamamos "impunidad biológica"” contó Torremare en diálogo con Nueva BA.
LA HUERTA
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzó un juicio oral contra 26 exmilitares, expolicias y civiles por crímenes de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de 109 víctimas, bajo la denominada Subzona militar 12 durante la última dictadura militar. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen los fiscales federales Santiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, y María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, como auxiliares fiscales.
El centro clandestino de detención La Huerta, que da nombre al expediente, se encontraba localizado en la intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar Tandil a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada.
La lista de acusados se encuentra conformada por el exjefe de Inteligencia del Área 123, Raul Alfredo Arguello de la Vega; el exoficial de Logística del Área 123, Horacio Ricardo Barriola; el exteniente primero de Sanidad, Luis Ernesto Benítez; el exjefe de Personal del Área 121, Héctor Eduardo Bernadou; el exjefe de Plana Mayor del Área 124, Jorge Roberto Casares; el exauxiliar de Inteligencia del Área 123, Raul Alberto Conti; el exjefe de Personal del Área 123, Juan Manuel Durante; el exjefe del Área 124, Héctor Alberto González Cremer; el exjefe de Logística del Área 124, Osvaldo Miguel Guarnaccia, el exjefe de Inteligencia del Área 123, Martín Carlos Luzuriaga; el exjefe de la Sección Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil, Héctor Martínez Salgado; el exoficial de Logística del Área 121, Osvaldo Héctor Repetto; el exjefe de Personal del Área 123, Eduardo Augusto Samyn; el exjefe de Operaciones del Área 124, Fráncico Oscar Sarmiento; el exjefe de Operaciones de la Base Aérea Militar de Tandil, Román Valdecantos; y el exauxiliar II de la División Inteligencia del Comando de la 1ª Brigada de Caballería Blindada de Tandil, Mario Edgardo Viviani. En relación con el personal policial, se encuentran acusados el excomisario de Azul, Argentino Alberto Balquinta; el exagente de la Policía Federal Argentina, Roberto Mario Gómez; el exagente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Alberto Mangudo; y los exoficiales de la Comisaría 1° de Tandil, Joaquin Alberto Monge, Jorge Aníbal Tolosa, Raul Omar Carlucho y Néstor Omar Vapore. También integran la nómina de acusados el ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, Juan Manuel Miller, y los civiles, hermanos, Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez.
Las víctimas de estos expedientes unificados conocidos como “La Huerta y sus acumuladas” -por el nombre del centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en las afueras de Tandil-, fueron en gran parte militantes estudiantiles, sociales y sindicales perseguidos y secuestrados en las ciudades del Tandil, Azul, Saladillo y alrededores. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran trasladadas a múltiples CCD en los cuales sufrieron tormentos.
El listado de CCD que forman parte del juicio incluye a La Huerta, la ex estación del Ferrocarril Provincial de Azul, la comisaría de Saladillo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Comisaría 1ª de Azul de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Monte Peloni, la Chacra de los Méndez, el Instituto Superior de Educación Rural (ISER) y las Comisarías Primera y Segunda de Tandil.
Zona 5
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca juzga a 38 ex militares y a ex policías federales y provinciales por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado. Por parte del Ministerio Publico Fiscal intervinieron el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y, como auxiliares fiscales, Pablo Vicente Fermento, José Nebbia y Paula Molini.
La mega causa "Zona 5" aborda el entramado criminal que, encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca, operó durante la época del terrorismo de Estado en su jurisdicción, que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires -partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones-, y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Al juicio llegaron acusados como coautores de distintos delitos de lesa humanidad constitutivos como genocidio, los ex militares que integraron el Comando del V Cuerpo de Ejército: Mario Horacio Torres, quien revistaba como Jefe del Departamento III; Osvaldo Bernardino Paéz, quien se desempeñó como Oficial de Estado Mayor; Mario Alberto Casela, Carlos Alberto Ferreyra, Jorge Aníbal Masson y Jorge Horacio Rojas, quienes formaron parte del grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas”; Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Eduardo Condal, quienes cumplieron funciones en el Departamento II de Inteligencia; y Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Victor Raúl Aguirre, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 181.
Por otra parte, están acusados Bernardo Artemio Cabezón, Jose Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen, Desiderio Andrés González, Raúl Artemio Domínguez y Gabriel Cañicul, quienes formaron parte de la Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26, cumpliendo servicios como guardias del CCDyT “La Escuelita”. También integran la nómina los acusados Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Alberto Daniel Rey Pardellas, José Antonio Maidana, Ricardo Claudio Gandolfo, Raúl Esteban Andrés, Enrique Stel, Eduardo Carlos Videla, Martin Guttierez Velasco, quienes en el momento de los hechos ejercían funciones en el Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Por último, también se encuentra dentro de los militares acusados Oscar Lorenzo Reinhold, quien al momento de los hechos era oficial de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Montaña VI, con asiento en Neuquén.
Entre los ex policías que llegaron a debate imputados se encuentran Claudio Alejandro Kussman, quien fue oficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca, de la Policía de la provincia de Buenos Aires; Vicente Antonio Forchetti y Hector Abelleira, quienes se desempeñaban como jefe y oficial principal –respectivamente- de la Delegación Viedma de la Policía Federal; y Hector Luis Selaya, quien era el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.
El jueves se cumple un nuevo aniversario del comienzo del Golpe cívico, eclesíastico y militar que sufrió nuestro país en el año 1976.
En ese sentido, Nueva BA dialogó con Guillermo Torremare, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
La memoria, más allá de mantenerla viva en lo social, tiene que venir acompañada por un accionar judicial para poder juzgar a quienes formaron parte de la historia negra del país.
En la actualidad, son dos los juicios de Lesa Humanidad que, en territorio bonaerense, continúan su curso.
Torremare comentó que “son causas que están comenzando la etapa del juicio oral pero que llevan más de 10 años de investigación en la instrucción”.
En el juicio que se lleva a cabo en Mar del Plata, el copresidente de la APDH ejerce como querellante, mientras que en la de Bahía Blanca es testigo, por los casos de secuestros de tresarroyenses que investigó.
“Ambas son causas en las que muchos represores imputados quedaron en el camino porque la demora hizo que se murieran o que fueran apartados del juicio por estar enfermos. Nosotros lo llamamos "impunidad biológica"” contó Torremare en diálogo con Nueva BA.
LA HUERTA
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzó un juicio oral contra 26 exmilitares, expolicias y civiles por crímenes de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de 109 víctimas, bajo la denominada Subzona militar 12 durante la última dictadura militar. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen los fiscales federales Santiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, y María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, como auxiliares fiscales.
El centro clandestino de detención La Huerta, que da nombre al expediente, se encontraba localizado en la intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar Tandil a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada.
La lista de acusados se encuentra conformada por el exjefe de Inteligencia del Área 123, Raul Alfredo Arguello de la Vega; el exoficial de Logística del Área 123, Horacio Ricardo Barriola; el exteniente primero de Sanidad, Luis Ernesto Benítez; el exjefe de Personal del Área 121, Héctor Eduardo Bernadou; el exjefe de Plana Mayor del Área 124, Jorge Roberto Casares; el exauxiliar de Inteligencia del Área 123, Raul Alberto Conti; el exjefe de Personal del Área 123, Juan Manuel Durante; el exjefe del Área 124, Héctor Alberto González Cremer; el exjefe de Logística del Área 124, Osvaldo Miguel Guarnaccia, el exjefe de Inteligencia del Área 123, Martín Carlos Luzuriaga; el exjefe de la Sección Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil, Héctor Martínez Salgado; el exoficial de Logística del Área 121, Osvaldo Héctor Repetto; el exjefe de Personal del Área 123, Eduardo Augusto Samyn; el exjefe de Operaciones del Área 124, Fráncico Oscar Sarmiento; el exjefe de Operaciones de la Base Aérea Militar de Tandil, Román Valdecantos; y el exauxiliar II de la División Inteligencia del Comando de la 1ª Brigada de Caballería Blindada de Tandil, Mario Edgardo Viviani. En relación con el personal policial, se encuentran acusados el excomisario de Azul, Argentino Alberto Balquinta; el exagente de la Policía Federal Argentina, Roberto Mario Gómez; el exagente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Alberto Mangudo; y los exoficiales de la Comisaría 1° de Tandil, Joaquin Alberto Monge, Jorge Aníbal Tolosa, Raul Omar Carlucho y Néstor Omar Vapore. También integran la nómina de acusados el ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, Juan Manuel Miller, y los civiles, hermanos, Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez.
Las víctimas de estos expedientes unificados conocidos como “La Huerta y sus acumuladas” -por el nombre del centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en las afueras de Tandil-, fueron en gran parte militantes estudiantiles, sociales y sindicales perseguidos y secuestrados en las ciudades del Tandil, Azul, Saladillo y alrededores. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran trasladadas a múltiples CCD en los cuales sufrieron tormentos.
El listado de CCD que forman parte del juicio incluye a La Huerta, la ex estación del Ferrocarril Provincial de Azul, la comisaría de Saladillo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Comisaría 1ª de Azul de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Monte Peloni, la Chacra de los Méndez, el Instituto Superior de Educación Rural (ISER) y las Comisarías Primera y Segunda de Tandil.
Zona 5
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca juzga a 38 ex militares y a ex policías federales y provinciales por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado. Por parte del Ministerio Publico Fiscal intervinieron el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y, como auxiliares fiscales, Pablo Vicente Fermento, José Nebbia y Paula Molini.
La mega causa "Zona 5" aborda el entramado criminal que, encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca, operó durante la época del terrorismo de Estado en su jurisdicción, que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires -partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones-, y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Al juicio llegaron acusados como coautores de distintos delitos de lesa humanidad constitutivos como genocidio, los ex militares que integraron el Comando del V Cuerpo de Ejército: Mario Horacio Torres, quien revistaba como Jefe del Departamento III; Osvaldo Bernardino Paéz, quien se desempeñó como Oficial de Estado Mayor; Mario Alberto Casela, Carlos Alberto Ferreyra, Jorge Aníbal Masson y Jorge Horacio Rojas, quienes formaron parte del grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas”; Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Eduardo Condal, quienes cumplieron funciones en el Departamento II de Inteligencia; y Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Victor Raúl Aguirre, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 181.
Por otra parte, están acusados Bernardo Artemio Cabezón, Jose Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen, Desiderio Andrés González, Raúl Artemio Domínguez y Gabriel Cañicul, quienes formaron parte de la Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26, cumpliendo servicios como guardias del CCDyT “La Escuelita”. También integran la nómina los acusados Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Alberto Daniel Rey Pardellas, José Antonio Maidana, Ricardo Claudio Gandolfo, Raúl Esteban Andrés, Enrique Stel, Eduardo Carlos Videla, Martin Guttierez Velasco, quienes en el momento de los hechos ejercían funciones en el Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Por último, también se encuentra dentro de los militares acusados Oscar Lorenzo Reinhold, quien al momento de los hechos era oficial de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Montaña VI, con asiento en Neuquén.
Entre los ex policías que llegaron a debate imputados se encuentran Claudio Alejandro Kussman, quien fue oficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca, de la Policía de la provincia de Buenos Aires; Vicente Antonio Forchetti y Hector Abelleira, quienes se desempeñaban como jefe y oficial principal –respectivamente- de la Delegación Viedma de la Policía Federal; y Hector Luis Selaya, quien era el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.
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