- Política
- 29.05.2022
Se investigan cuatro muertes
Con cuatro detenciones, avanza la causa por el incendio de la comunidad terapéutica clandestina de Pilar
En febrero una unidad terapéutica sin registrar sufrió un incendio que provocó la muerte de cuatro personas. Por dicho suceso se abrió una causa que tiene hoy cuatro imputados que tienen hoy pedido de detención por parte del fiscal a cargo. Los detalles del caso.
Por Juan Vera Visotsky
La semana que pasó el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó la detención de cuatro personas imputadas por la causa del incendio en la unidad terapéutica “Resiliencia San Fernando” de Pilar, que tuvo como consecuencia cuatro personas fallecidas. El pedido fue realizado por el fiscal a cargo del caso, Germán Camafleitas.
Los detenidos y detenidas están acusados por homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre. El incendio ocurrió el 22 de febrero pasado y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la causa como Particular Damnificado Institucional. Desde el primer momento de ocurrido los hechos, junto con el Consejo municipal contra la violencia institucional de Ramallo, la CPM se entrevistó con los sobrevivientes, presentó habeas corpus colectivo e individuales a favor de los usuarios y reclamó la clausura inmediata del predio en donde funcionaban otras casas de la comunidad. Esta medida que fue tomada posteriormente por el órgano de control del ministerio de salud bonaerense.
Sucede que el establecimiento no estaba habilitado y las personas allí alojadas estaban sometidas a aislamiento extremo, castigos, sobremedicación y un abordaje tratamental que no respetaba la ley de salud mental. El director de la comunidad Alan Emmanuel Cambra ya estaba detenido. La CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como Particular Damnificado Institucional.
El edificio no poseía ningún matafuego, ni plan de contigencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios. Las víctimas, sobremedicados por el coctel y cantidades de psicofármacos que les suministraban, ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante siniestro. Las cuatro personas fallecidas tenían entre 25 y 40 años. Otras 22 personas internadas en la comunidad sobrevivieron, algunas de ellas quedaron con secuelas emotivas y psíquicas que agravaron su condición de salud mental.
Con distintos roles en la comunidad y en calidad de coautores, los implicados están acusados de los delitos de homicidio, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y estafas. Por otro lado, dos profesionales médicos están acusados por los mismos delitos, con la excepción de las estafas.
De acuerdo a la investigación, los usuarios estaban reducidos a una condición de servidumbre, bajo voluntad de los imputados. Para la justicia, los imputados estaban al tanto de las condiciones de posibilidad para que un hecho así ocurriera y, sin embargo, permanecieron indiferentes al padecimiento de las víctimas.
“La desidia judicial frente a las reiteradas denuncias y la falta de controles estatales sobre los dispositivos de salud mental, permiten que estas comunidades sigan funcionando al margen de la ley”, dijeron desde la CPM y agregaron: “En esa situación de abandono, los usuarios y usuarias de este tipo de comunidades están en riesgo permanente”.
La semana que pasó el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó la detención de cuatro personas imputadas por la causa del incendio en la unidad terapéutica “Resiliencia San Fernando” de Pilar, que tuvo como consecuencia cuatro personas fallecidas. El pedido fue realizado por el fiscal a cargo del caso, Germán Camafleitas.
Los detenidos y detenidas están acusados por homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre. El incendio ocurrió el 22 de febrero pasado y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la causa como Particular Damnificado Institucional. Desde el primer momento de ocurrido los hechos, junto con el Consejo municipal contra la violencia institucional de Ramallo, la CPM se entrevistó con los sobrevivientes, presentó habeas corpus colectivo e individuales a favor de los usuarios y reclamó la clausura inmediata del predio en donde funcionaban otras casas de la comunidad. Esta medida que fue tomada posteriormente por el órgano de control del ministerio de salud bonaerense.
Sucede que el establecimiento no estaba habilitado y las personas allí alojadas estaban sometidas a aislamiento extremo, castigos, sobremedicación y un abordaje tratamental que no respetaba la ley de salud mental. El director de la comunidad Alan Emmanuel Cambra ya estaba detenido. La CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como Particular Damnificado Institucional.
El edificio no poseía ningún matafuego, ni plan de contigencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios. Las víctimas, sobremedicados por el coctel y cantidades de psicofármacos que les suministraban, ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante siniestro. Las cuatro personas fallecidas tenían entre 25 y 40 años. Otras 22 personas internadas en la comunidad sobrevivieron, algunas de ellas quedaron con secuelas emotivas y psíquicas que agravaron su condición de salud mental.
Con distintos roles en la comunidad y en calidad de coautores, los implicados están acusados de los delitos de homicidio, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y estafas. Por otro lado, dos profesionales médicos están acusados por los mismos delitos, con la excepción de las estafas.
De acuerdo a la investigación, los usuarios estaban reducidos a una condición de servidumbre, bajo voluntad de los imputados. Para la justicia, los imputados estaban al tanto de las condiciones de posibilidad para que un hecho así ocurriera y, sin embargo, permanecieron indiferentes al padecimiento de las víctimas.
“La desidia judicial frente a las reiteradas denuncias y la falta de controles estatales sobre los dispositivos de salud mental, permiten que estas comunidades sigan funcionando al margen de la ley”, dijeron desde la CPM y agregaron: “En esa situación de abandono, los usuarios y usuarias de este tipo de comunidades están en riesgo permanente”.
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