De una muerte dudosa y calabozos clausurados a un homicidio y cinco policías detenidos

Por Alexis Grierson



Más de un mes después de la muerte de Daiana Abregú en un calabozo (clausurado) de una Comisaría en la localidad bonaerense de Laprida, una reautopsia y la insistencia de familiares y la Comisión por la Memoria de llevar “claridad al caso” determinaron que la joven no murió ahorcada y, por el hecho, fueron detenidos cinco policías.
 
El caso data de inicios de junio, cuando por “disturbios en la vía pública” la joven fue aprehendida y trasladada a la Comisaría. Al otro día, se informó oficialmente la muerte dentro de un calabozo que la CPM había denunciado como “clausurado” e imposibilitado de alojar a personas allí.
 
Tras una primera autopsia que había señalado que la joven murió por ahorcamiento, la Comisión por la Memoria denunció varias irregularidades en el procedimiento, entre ellas la no realización del proceso bajo el protocolo Minnesota, “herramienta pericial diseñada para el análisis de muertes bajo custodia estatal”.
 
Luego de la resistencia del fiscal de la causa, Ignacio Calonje del Departamento Judicial de Azul, tanto la Comisión por la Memoria como una Jueza de Garantías y hasta la Fiscalía General de Azul, a cargo del doctor Marcelo Sobrino, solicitaron e insistieron con una reautopsia para descartar otros resultados.
 
Justamente, las conclusiones del segundo procedimiento (realizado bajo este protocolo) dictaminaron que la joven no se suicidó por ahorcamiento: “no se encontraron en el cuello y vías superiores, marcas o lesiones compatibles con un lazo de ahorcamiento” y el informe dejó en claro que Abregu “murió por un cuadro general asfíctico”.
 

“Examinado el cuello, no se observó surco de ahorcadura”, además se afirma que “no se constataron lesiones en músculos del cuello… no se constataron alteraciones en laringe. Hueso hioides indemne”.

 
La versión contrastaba directamente con la de los policías que realizaron la guardia la noche en que Daiana murió, que señalaron que la joven se había ahorcado con una de sus prendas de vestir.
 
Con esta nueva información, el fiscal cambió la carátula de la causa y el caso tomó un giro inesperado: “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”.
 
En la noche del último domingo, los cinco policías implicados en la guardia donde murió la joven fueron detenidos: se trata de Vanesa Soledad Nuñez -la única que ya había sido separada de su cargo-, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Nuñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur. Según logró saber NuevaBA por medio del abogado de la familia de la víctima, el doctor Sergio Roldán, serán indagados este martes para que expliquen lo sucedido. Enfrentarán, al llegar a juicio, a penas que podrían ser de reclusión perpetua. 
 
La Comisión por la Memoria, más allá de aportar para comprobar el “hecho delictivo” cuestionaron el accionar del Ministerio Público Fiscal “en la figura del doctor José Ignacio Calonje” al expresar que “resulta escaso el aporte probatorio realizado hasta la fecha” y que “llama la atención su inacción”.
 
Y además agrega, en un comunicado al que accedió este portal, que “tampoco se explica cómo, habiendo existido otros funcionarios policiales que cumplieran sus labores esa fatídica mañana y que, el representante del MPF ha dejado al margen del pedido de coerción, no les haya recibido testimonio, máxime si se tiene en cuenta que algunos de ellos, conforme los libros aportados, pudieron haber tenido contacto directo con la víctima luego de su ingreso a las 7:20hs. en calidad de contraventora”.
 
Por esta razón, insistieron el solicitarle al Procurador Julio Conte Grand que “cumpla con la ley provincial que crea las fiscalías especializadas en violencia institucional, nombrando funcionarios judiciales calificados y comprometidos con una perspectiva de derechos humanos, que intervengan de manera diligente y urgente frente a estos graves delitos cometidos por los funcionarios policiales”.