El Ministerio de Justicia dio a conocer cifras del Primer Plan Provincial Contra la Trata de Personas

Por Alexis Grierson



En el marco del Día Mundial contar la Trata de Personas, desde el Ministerio de Justicia de la Provincia se emitieron cifras sobre las tareas previstas en el Primer Plan Provincial en contra de este flagelo. En lo que va de 2022 lograron dar asistencia a más de un centenar de personas mientras que, en total, superan las 700.

El ministro de la cartera, Julio Alak, explicó que desde 2021 a esta parte se intensificaron las tareas previstas en el Plan Provincia. En cifras, “son 105 las víctimas que reciben asistencia del Estado Provincial, alcanzando un total de 712 personas”.

El Plan, impulsado desde 2021 y que tiene una continuidad por cuatro años en total, tiene dentro 15 acciones de prevención, 25 de protección y acompañamiento, 12 de persecución y 14 de fortalecimiento y articulación institucional.

Justamente, este Plan llegó para “saldar una deuda desde 2012, al tener una planificación a tres años que se ajusta a los estándares internacionales”, señaló el ministro a través de un comunicado de Justicia.

“La trata de personas con fines de explotación laboral, sexual u otras, representa una grave violación a los derechos humanos porque implica la obtención de una utilidad o ganancia a costa de seres humanos que son considerados como mercancía, lo que atenta contra su libertad y autodeterminación”.

Cabe señalar que el Plan Provincial contra la Trata de Personas depende de del Programa Provincial de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Justicia.

Allí, las cifras dieron cuenta que desde inicios del 2022 se asisten a 69 mujeres, 31 hombres 3 personas trans. Teniendo en cuenta al objeto del delito, un total de 50 personas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual y otras 48 para explotación laboral, 2 de trata mixta y los últimos 5 por otros delitos.

En cuanto a las principales nacionalidades de las personas victimizadas la mayoría (62) son de Argentina, seguidas por 23 de Bolivia y 13 de Paraguay.

Cabe señalar que el Programa participa siempre a requerimiento judicial, “por derivación de otro organismo o solicitud de colaboración o acompañamiento, por denuncias, o por fiscalizaciones laborales”, y se aclaró que nunca interviene de oficio en ningún caso.

De todas las personas asistidas, cabe señalar que lo que se hace es respaldar “en un tejido normativo e institucional que garantiza el acceso a recursos y prestaciones destinadas a la restitución de derechos”, se aseguró. El comunicado añade que “en este sentido, otros organismos de la administración central, organismos descentralizados e instituciones dependientes del Poder Ejecutivo provincial también tienen competencia en la materia, por lo que deben priorizar acciones reparatorias y asistenciales destinadas a las víctimas de este delito”.

Justamente, y más allá de que la pata central se encuentra en la Justicia, el Programa de Rescate articula con organismos tales como el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia, y/o el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

“La asistencia incluye acompañar a las víctimas en sus declaraciones ante la Justicia y asistirlas para la recuperación de un proyecto de vida reparatorio, en el cual puedan liberarse de la culpa y la vergüenza que le impuso su explotador”.

En el comunicado emitido horas atrás explicaron que la detección de delitos es “central para desplegar la persecución y sanción penal a sus responsables, y también para que el Estado pueda iniciar el proceso de restitución de sus derechos a las víctimas”.

Finalmente, pidieron tal como suele acontecer en este tipo de temas, que si algún ciudadano tiene información sobre cualquier forma de explotación de personas, puede comunicarse gratuitamente desde cualquier lugar del país con la Línea 145 atendida por operadoras especializadas, que están disponibles para tomar denuncias, brindar orientación y asistencia durante las 24 horas, los 365 días del año.