- Política
- 17.08.2022
Tras 66 años de impunidad
Piden que se declaren como delitos de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suarez
La Comisión Memoria, Verdad y Justicia de General San Martín presentó ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 una ampliación a la causa por los crímenes perpetrados por el gobierno militar el 9 de junio de 1955, por los cuales nunca hubo un juicio. Piden también que se incorpore en la curricula escolar de la localidad.
Por Juan Vera Visotsky
Este miércoles 17 de agosto de 2022 la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la localidad de General San Martín presentó ante los estrados del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 una ampliación de la causa por los Fusilamientos clandestinos en los basurales de José León Suárez, llevados a cabo por la autodenominada Revolución Libertadora contra civiles detenidos la noche del 9 de junio de 1956. El objetivo es que se declaren los mismos como delitos de lesa humanidad. Se trata de los crímenes que relató el periodista Rodolfo Walsh en su libro de no ficción “Operación Masacre”.
Esa noche, mientras aún no estaba declarada la ley marcial, un grupo de tareas del gobierno militar secuestró y fusiló a 12 civiles, de los cuales 5 fueron asesinados y otros 7 lograron escapar con vida. Dichos secuestros se dieron en el marco de la ilegalidad, ya que la Ley marcial y la pena de muerte, se publicaron en el Boletín Oficial del día siguiente con el fin de sofocar la sublevación militar de los generales del Ejército, Juan José Valle y Raúl Tanco. Si bien todas las pruebas de la ilegalidad de los crímenes fueron relatadas por Walsh en su libro, nunca hubo un proceso judicial por dichos crímenes que fueron, en definitiva, perpetrados por el gobierno militar de facto de Pedro Eugenio Aramburu.
Pese a que pasaron 66 años, la posibilidad de que se declaren los mismos como crímenes contra la humanidad es cierta. El antecedente para esto es el juicio por la Verdad de los crímenes de Napalpí, el cual concluyó el 19 de mayo de este año y cuyo veredicto reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre indígena de 1924 y ordenó una serie de medidas de reparación para las comunidades Qom y Moqoit.
“Estos crímenes han quedado impunes durante 66 años, y son a nuestro entender, ‘Delitos de Lesa Humanidad’, por lo cual, no prescriben y deben de ser castigados. Los sobrevivientes de esa trágica noche, los familiares de las víctimas y el pueblo todo, merecen que se haga justicia”, dice el texto de la comisión Memoria, Verdad y Justicia de la localidad de San Martín.
“La recepción de la fiscalía al pedido fue positiva, el juzgado hizo lugar al pedido”, dijo a NuevaBA la presidenta de la Comisión, Evita Morales, que agregó: “Vamos a hacer una próxima declaratoria por escrito y a entregar documentación donde puedan darse a conocer más detalles”.
Además de la reparación histórica que significaría un proceso de juicio por la Verdad, uno de los principales objetivos de la Comisión es que se incorpore los sucesos de José León Suarez a las curriculas escolares de esa localidad, para aportar así al ejercicio de la memoria histórica. “Aunque los asesinos ya estén muertos, queremos que se sepa la verdad y haya memoria. Necesitamos que se haga un juicio. Nunca tuvo justicia lo que pasó en José León Suárez”, dijo Evita Morales al respecto.
La comisión MVJ de San Martín que hoy preside Morales fue fundada por Helena Carranza, hija de Nicolás Carranza, uno de los asesinados durante la Operación Masacre, junto a Carlos Lizaso, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión.
Los siguientes pasos en la causa que se amplió hoy constará de varias etapas en las cuales se suministrarán como pruebas la investigación realizada por Rodolfo Walsh y Enriqueta Muñiz para Operación Masacre, testimonios de sobrevivientes que aún viven como Carlos Livraga, que hoy tiene 92 años, materiales bibliográficos de investigaciones posteriores y testimonios de familiares de los fusilados, a quienes la MVJ de San Martin denomina como “victimas secundarias”.
Por último, también se busca esta causa marque un antecedente para que en un futuro se pueda denominar también como delitos de lesa humanidad los bombardeos a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, perpetrado por un sector de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Juan Domingo Perón, quién había ganado las elecciones de 1951 con un 63,51% de los votos, como candidato de los partidos Peronista y Peronista Femenino. Los bombardeos a la Plaza de Mayo dejaron como saldo 308 muertos y más de 700 heridos.
Los fusilamientos del 9 de junio de 1956 nunca fueron juzgados
Este miércoles 17 de agosto de 2022 la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la localidad de General San Martín presentó ante los estrados del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 una ampliación de la causa por los Fusilamientos clandestinos en los basurales de José León Suárez, llevados a cabo por la autodenominada Revolución Libertadora contra civiles detenidos la noche del 9 de junio de 1956. El objetivo es que se declaren los mismos como delitos de lesa humanidad. Se trata de los crímenes que relató el periodista Rodolfo Walsh en su libro de no ficción “Operación Masacre”.
Esa noche, mientras aún no estaba declarada la ley marcial, un grupo de tareas del gobierno militar secuestró y fusiló a 12 civiles, de los cuales 5 fueron asesinados y otros 7 lograron escapar con vida. Dichos secuestros se dieron en el marco de la ilegalidad, ya que la Ley marcial y la pena de muerte, se publicaron en el Boletín Oficial del día siguiente con el fin de sofocar la sublevación militar de los generales del Ejército, Juan José Valle y Raúl Tanco. Si bien todas las pruebas de la ilegalidad de los crímenes fueron relatadas por Walsh en su libro, nunca hubo un proceso judicial por dichos crímenes que fueron, en definitiva, perpetrados por el gobierno militar de facto de Pedro Eugenio Aramburu.
Pese a que pasaron 66 años, la posibilidad de que se declaren los mismos como crímenes contra la humanidad es cierta. El antecedente para esto es el juicio por la Verdad de los crímenes de Napalpí, el cual concluyó el 19 de mayo de este año y cuyo veredicto reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre indígena de 1924 y ordenó una serie de medidas de reparación para las comunidades Qom y Moqoit.
Uno de los objetivos es incorporar los crimenes de José León Suarez a las curriculas escolares de esa localidad, para aportar así al ejercicio de la memoria histórica.
“Estos crímenes han quedado impunes durante 66 años, y son a nuestro entender, ‘Delitos de Lesa Humanidad’, por lo cual, no prescriben y deben de ser castigados. Los sobrevivientes de esa trágica noche, los familiares de las víctimas y el pueblo todo, merecen que se haga justicia”, dice el texto de la comisión Memoria, Verdad y Justicia de la localidad de San Martín.
“La recepción de la fiscalía al pedido fue positiva, el juzgado hizo lugar al pedido”, dijo a NuevaBA la presidenta de la Comisión, Evita Morales, que agregó: “Vamos a hacer una próxima declaratoria por escrito y a entregar documentación donde puedan darse a conocer más detalles”.
Además de la reparación histórica que significaría un proceso de juicio por la Verdad, uno de los principales objetivos de la Comisión es que se incorpore los sucesos de José León Suarez a las curriculas escolares de esa localidad, para aportar así al ejercicio de la memoria histórica. “Aunque los asesinos ya estén muertos, queremos que se sepa la verdad y haya memoria. Necesitamos que se haga un juicio. Nunca tuvo justicia lo que pasó en José León Suárez”, dijo Evita Morales al respecto.
También se busca esta causa marque un antecedente para que en un futuro se pueda denominar como delitos de lesa humanidad los bombardeos a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955.
La comisión MVJ de San Martín que hoy preside Morales fue fundada por Helena Carranza, hija de Nicolás Carranza, uno de los asesinados durante la Operación Masacre, junto a Carlos Lizaso, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión.
Los siguientes pasos en la causa que se amplió hoy constará de varias etapas en las cuales se suministrarán como pruebas la investigación realizada por Rodolfo Walsh y Enriqueta Muñiz para Operación Masacre, testimonios de sobrevivientes que aún viven como Carlos Livraga, que hoy tiene 92 años, materiales bibliográficos de investigaciones posteriores y testimonios de familiares de los fusilados, a quienes la MVJ de San Martin denomina como “victimas secundarias”.
Por último, también se busca esta causa marque un antecedente para que en un futuro se pueda denominar también como delitos de lesa humanidad los bombardeos a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, perpetrado por un sector de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Juan Domingo Perón, quién había ganado las elecciones de 1951 con un 63,51% de los votos, como candidato de los partidos Peronista y Peronista Femenino. Los bombardeos a la Plaza de Mayo dejaron como saldo 308 muertos y más de 700 heridos.
- SECCIÓN
- Política
MAS NOTAS
COMENTARIOS