La Comisión Provincial por la Memoria presentó el informe anual sobre políticas de seguridad y encierro en la provincia

Por Juan Vera Visotsky



Desde el 2004 el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria elabora un informe anual de situación titulado “El Sistema de la Crueldad”, en el que cada año se cristaliza de manera exhaustiva el trabajo de monitoreo que realiza la CPM como un pormenorizado estado de situación de los Derechos Humanos en instituciones de dependencia provincial. En esta oportunidad, dicho documento llevó como subtítulo “sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñeces en la Provincia de Buenos Aires”.
 
Entre los integrantes de la comisión que participaron de la elaboración del informe están varios referentes e intelectuales en materia de Derechos Humanos, Género, Salud Mental, etc: Adolfo Pérez Esquivel, (presidente) Dora Barrancos, (presidenta) Víctor De Gennaro, (vicepresidente) Susana Méndez, (vicepresidenta) Roberto Cipriano García, (secretario) José María Di Paola, (pro-secretario) Ernesto Alonso, (tesorero) Víctor Mendibil, Ana Barletta, Carlos Sánchez Viamonte, Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, María Sonderéguer, Laura Ginsberg, Ana María Soffiantini, Guillermo Torremare y Gonzalo Conte.
 
Desde su creación el Comité Contra la Tortura realiza inspecciones con el objetivo de visibilizar las prácticas abusivas vinculadas a violaciones a Derechos Humanos que las fuerzas de seguridad (como la policía bonearense) viene arrastrando desde los tiempos de la última Dictadura cívico militar. Durante el 2021 la CPM realizó 456 inspecciones a lugares de encierro como cárceles y alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y lugares de atención a la salud mental, que volcaron en este informe anual que califica de “alarmante” el estado de situación del sistema de encierro y las políticas de seguridad.
 
“Fundamentalmente porque no se ha revertido la concepción y definición más estructural de la política penal que concibe al punitivismo, la saturación policial de los territorios y el encierro desmedido como su principal elemento”, detalla textualmente el informe. En este sentido se sigue sosteniendo la curva ascendente de la tasa de prisionización: “A diciembre de 2021 había un total de 54.107 personas detenidas. El crecimiento de la población encarcelada entre 2020 y 2021, fue del 7.9 %”, agregaron.
 
“Como propuesta para resolver este problema, el gobierno provincial construyó 1.300 nuevas plazas, pero ingresaron al sistema 3.600 nuevos detenidos. Si no se modifica la política criminal, las medidas adoptadas no resolverán el problema”, expresa el documento elaborado por las autoridades de la CPM. 
 
SITUACIÓN EN LAS CARCELES
 
El informe analizó también el exhaustivo relevamiento realizado por el Registro Nacional de casos de torturas (RNCT), que la CPM junto a otros organismos implementa desde hace 12 años. Otra de las violaciones de derechos humanos extendida es el aislamiento: al incremento de la sobrepoblación y hacinamiento se respondió con mayor aislamiento en celdas y pabellones. La gran mayoría de las personas detenidas permanecen aisladas en sus celdas más de la mitad del día.
 
Además, la CPM intervino en 403 casos de violencia policial que involucraron a 466 víctimas individuales, siendo el 15% de ellas niñas, niños o jóvenes. También intervino en otros 29 hechos con víctimas colectivas.
 
 “Las consecuencias de esta política están descriptas y fundamentadas en este Informe y exigen una urgente intervención por parte de todos los poderes del Estado: hacinamiento y sobrepoblación se combinan para producir una sistemática vulneración de los derechos humanos”, dice el documento presentado el jueves por la tarde.
 
Según el informe, en 2021, la sobrepoblación en cárceles bonaerenses alcanzó el 111%, las 49.662 personas detenidas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) están alojadas en las 22.060 plazas que tienen actualmente las 66 unidades penitenciarias. En comisarías la situación es aún peor, ya que la sobrepoblación alcanzó el 232%, con 4.445 personas alojadas en 1300 plazas.
 
El Informe dedica una especial atención a la situación de las mujeres y las personas trans travestis en el encierro. En 2021 se registró un aumento de las detenciones que alcanzó un total de 2.405 personas, la mayoría vinculada al narcomenudeo en clave de acciones de sobrevivencia. Resulta preocupante como en el sistema de encierro se replica la violencia patriarcal. Un solo dato alcanza para graficar la grave situación. Mientras que en los varones la prisión preventiva alcanza el 52,5%, en las mujeres se eleva al 59,8% y en las personas trans travestis al 73,2%. 
 
LAS MUERTES EN LOS LUGARES DE HACINAMIENTO
 
Otro dato preocupante del 2021 fueron las muertes: en las cárceles bonaerenses murieron 199 personas. El dato sobresaliente es que el 87% de estas muertes se produjeron por desatención de la salud, es decir muertes que podrían haberse evitado si hubiese una gestión diferente de la salud en el encierro. Esto implica un incremento de la tasa de mortalidad a 4,4 cada 10.000 personas contra un promedio de 3,3 de tasa promedio durante los años anteriores. Por eso, una vez más, la CPM insiste con que de manera urgente la atención sanitaria de las personas privadas de libertad pase de la órbita del Ministerio de Justicia a la del Ministerio de Salud bonaerense.
 
En comisarías el dato es igual de preocupante: 25 muertes durante el 2021. Es el número más alto registrado en los últimos diez años. A esto se le suman elementos más preocupantes aún: la mitad de las comisarías donde murieron personas en 2021 estaban clausuradas o no habilitadas y sólo en 15 casos se informó la causa de muerte (7 casos de ahorcamiento, 6 por problemas de salud y 2 por agresión física que en un caso involucra a un agente de la policía).
 
En otro apartado del informe se analiza el despliegue de la violencia policial en el territorio específicamente en lo que refiere al uso letal de la fuerza. Durante 2021 fueron asesinadas 120 personas a manos de fuerzas de seguridad, 25 de ellas menores de edad. En 8 de cada 10 casos se comprobó que la muerte se produjo mediante el uso del arma reglamentaria y con el agente fuera de servicio. La principal fuerza responsable de estos asesinatos fue la Policía Bonaerense con el 52%, seguida por agentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires responsables del 21% de los asesinatos. La CPM viene planteando derogar el estado policial para evitar estas muertes.
 
También se aborda la vulneración de derechos de la que son víctimas las niñas, niños y adolescentes en la provincia. En lo que respecta al fuero de responsabilidad penal juvenil se mantiene el diagnóstico de años anteriores: no se respeta el principio de especialidad del fuero, no hay comunicación periódica de los defensores y juzgados con los jóvenes, persiste la práctica de trasladarlos a unidades penales del SPB y se vulneran derechos esenciales de los jóvenes. A diciembre del 2021, la cantidad de población encerrada ascendía a 516 jóvenes. De ese total, 24 son no punibles, es decir niños y niñas de 15 o menos años. Al mismo tiempo, se analiza el funcionamiento deficitario del sistema de promoción y protección de derechos humanos.
 
LAS POLÍTICAS DE SALUD MENTAL
 
En referencia a las instituciones de salud mental el Informe da cuenta avances significativos en el camino a la sustitución y cierre de los manicomios y el cumplimiento de la ley nacional de salud mental (LNSM) 26.657. Los cuatro hospitales neuropsiquiátricos monovalentes, Colonia Domingo Cabred (Open Door), José Esteves (Temperley), Alejandro Korn (Melchor Romero, La Plata) y Domingo Taraborelli (Necochea) presentaron planes de adecuación durante el año 2021 y se encuentran en pleno proceso de readecuación a la LNSM.
 
“Las gestiones anteriores al frente del Ministerio de Salud no dieron prioridad al cumplimiento de la ley que ordenaba para 2020 la efectiva sustitución y cierre de los hospitales”, asevera el informe y agrega que actualmente se ha constatado el cierre de varias salas de internación, así como el sostenido descenso de la población alojada en dichos dispositivos: 2.225 en 2015 y aproximadamente 1.300 en 2021, una disminución de 42% en seis años. También se ha reducido la cantidad de fallecimientos: 92 en 2015 y 54 en 2021.
 
También se analizan las graves violaciones de derechos humanos que se registraron en las comunidades terapéuticas que alojan tanto adultos como niñes, muchas de ellas sin habilitación o control estatal alguno. 
 
EL PAPEL DEL PODER JUDICIAL
 
Por último, el informe analiza la actuación del poder judicial con relación a la violencia estatal, la corrupción policial y penitenciaria y la inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes policiales y penitenciarios durante la gestión de gobierno anterior.
 
“Las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en lugares de encierro muestran también la responsabilidad del poder judicial en su producción y en la ausencia de control de legalidad sobre la actuación de las fuerzas policiales y penitenciarias”, denuncia Este nuevo Informe Anual, el cual aclara que “pretende ser un aporte constructivo a los tres poderes del Estado para que las políticas públicas provinciales se implementen con perspectiva de derechos humanos, y atendiendo la vulnerabilidad de los sectores impactados por el sistema penal y de encierro”.
 
“Los cambios urgentes para revertir la crítica situación analizada requieren del compromiso de todas las fuerzas políticas: es necesario construir consensos y acuerdos que profundicen nuestra democracia y garanticen derechos iguales para todas y todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires”, cierra el documento anual del ente que dirige el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.