Pidieron el juicio político contra el fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta

Por Alexis Grierson



En el marco de presentaciones, denuncias judiciales y una intencionalidad en las acciones que derivan de dichas demandas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y las legisladoras Susana González y Teresa García, presentaron al Jurado de un Enjuiciamiento de Jueces y Magistrados de la provincia de Buenos Aires el pedido de juicio político contra el fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta.
 

El pedido está centralizado en “por mal desempeño de sus funciones, negligencia e incompetencia” en dos causas vinculadas al Astillero Río Santiago: una de ellas contra sindicalistas vinculados y la otra contra el Intendente de Ensenada, Mario Secco.

 
En un comunicado emitido por la CPM, justamente, señalaron “persecución política” de Condomí Alcorta hacia Secco: “Se inscribe en una política implementada durante la gestión de Cambiemos, para perseguir y presionar a dirigentes y jueces de acuerdo a los intereses políticos del gobierno, entre ellos la persecución contra el juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, el Fiscal General de Lomas de Zamora Enrique Ferrari o el proceso que terminó con la destitución del juez Luis Arias”.
 
Además, uno de los puntos a tener en cuenta es que no sólo se le señala la persecución al jefe comunal y los sindicalistas, sino que también “la decisión de no investigar a funcionarios del gobierno anterior por una malversación de fondos millonaria contra dicho organismo”. Por todo ello, pidieron el apartamiento preventivo del cargo hasta que se resuelva la presentación.  
 
La presentación que lleva las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos, Roberto Cipriano García, la diputada provincial Susana González y la senadora Teresa García, destaca que hubo “negligencia, incompetencia e irregularidades en el desempeño del fiscal Condomí Alcorta en dos causas: la mencionada contra el intendente de Ensenada, que fue recientemente elevada a juicio, y una segunda contra dirigentes sindicales del Astillero Río Santiago”.
 
La causa contra Secco data de tiempo atrás, cuando hubo una violenta represión en una manifestación frente a la Legislatura Bonaerense. Allí, se lo acusa al jefe comunal de “resistencia a la autoridad” y otros delitos. La denuncia por mal desempeño de sus funciones señala que el fiscal Condomí Alcorta, en ese momento a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, “actuó a pesar de no tener competencia en el asunto”.
 
Cabe recordar que en el hecho por el que fue acusado –y durante un cuarto intermedio de la sesión que tuvo una violenta represión afuera, durante la gestión Vidal- legisladores hicieron pasar el intendente Secco al recinto para que exhibiera elementos de la represión que se había desatado afuera de la Legislatura. Luego de transcurridas más de dos horas de que se retirara el intendente, ingresó el Agente Fiscal Condomí Alcorta, acompañado por el director de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la Dirección de Policía Científica. 
 
La CPM y las legisladoras acusan a Condomí Alcorta de no tener competencia para actuar “ya que no existía un delito de flagrancia ni su fiscalía se encontraba de turno”. Los hechos que se le imputan a Secco “ocurrieron durante un cuarto intermedio, en un ámbito cerrado y sin televisación, por lo cual el fiscal no tenía cómo tomar conocimiento del hecho para actuar de oficio ante la comisión de un posible delito de acción pública”.
 
La segunda situación denunciada, en tanto, se inicia con una denuncia del interventor de Astilleros Río Santiago (ARS) designado por el gobierno de Cambiemos, ​en cuya gestión también se designó a un agente de inteligencia de la AFI como Gerente, Coordinador de Seguridad y Jefe de Recursos Humanos del ARS. El procurador bonaerense Conte Grand designó específicamente a Condomí Alcorta para conducir esta investigación: “los medios de pruebas producidos por el fiscal demuestran una intención de direccionar la pesquisa a fin de involucrar directamente a la cúpula de ATE Ensenada”. 
 
Por la inconsistencia de las pruebas de la denuncia para incriminar al gremio, “se ordenó a la Prefectura Naval Argentina realizar un informe técnico respecto de varias situaciones que surgieron de las declaraciones testimoniales". Ese informe, elaborado por peritos especialistas de la Prefectura, concluyó que “en las contrataciones relativas a la construcción de dos Bull Carriers y dos remolcadores se habría realizado una malversación de fondos públicos por 95 millones de dólares”.
 
Todas esas maniobras se catalogaron como “atípicas” y tenían como objetivo malversar fondo públicos y lavar activos, “siendo pagados a través de cartas de créditos emitidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, el fiscal Condomí Alcorta “dispuso que la clara defraudación referida era irrelevante y no le dio importancia. Desestimó el informe técnico encargado por él mismo, y que acreditaba claramente un hecho ilícito, prefiriendo desviar la atención en la búsqueda de algún hecho que pueda endilgar responsabilidad a los sindicalistas de ATE-Ensenada”. 
 
“En consecuencia, teniendo en cuenta la conducta del Agente Fiscal Condomí Alcorta, esta se encuadra lisa y llanamente en el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones, y en graves irregularidades en los procedimientos en los que ha intervenido […] y en particular la omisión de actuar de oficio ante un delito de acción pública como lo es el delito de malversación de fondos públicos y corrupción, descubiertos a raíz de las medidas periciales por él solicitadas”, concluye la presentación realizada por la CPM y las legisladoras provinciales. 
 

La CPM ya había señalado el rol del procurador general bonaerense (quien también fue funcionario político del gobierno provincial) quien se lo ubica como alguien que “ampara las acciones irregulares de los funcionarios que impulsaban estas maniobras de persecución y hostigamiento a dirigentes políticos, sindicales e, incluso, a funcionarios del mismo poder judicial”.

 
Como ejemplo, para cerrar, indicaron que Conte Grand promovió “la adecuación de la estructura de la Procuración con la creación de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, con el objetivo centralizar todas las denuncias contra los Fiscales y Defensores, las que antes tramitaban ante funcionarios jerárquicos concursados”. Justamente, su ubicación en el organigrama de la Procuración le permitía “elegir funcionarios discrecionalmente” y de esta forma representa “una clara violación a la independencia e imparcialidad que deben seguirse en estos procesos”. 
 
A inicios de año, el Frente de Todos también solicitó el Juicio Político para Conte Grand por todas estas irregularidades, e incluso con “maniobras de inteligencia ilegal y manipulación en el accionar de la Justicia, siendo una herramienta indispensable del Procurador para lograr la impunidad de fiscales denunciados en instancias penales y administrativas  -como el caso del Fiscal General de Mar del Plata Fabián Fernández Garello imputado por crímenes de lesa humanidad- al mismo tiempo que la utilizó para la persecución y hostigamiento de magistrados independientes” señaló la CPM.