Kicillof endurece su postura contra la Corte y se suman gobernadores al reclamo

Por Alexis Grierson



Sigue la fuerte polémica y cruce de declaraciones por la repudiable decisión de la Corte de decretar una cautelar que aumenta la Coparticipación a Ciudad de Buenos Aires y la posterior decisión del Presidente Fernández de no acatarla y mantener los porcentajes hasta antes de la determinación. El gobernador Kicillof es uno de los mandatarios más firmes en sostener la crítica tanto a la Corte como a la oposición.
 
Luego de ser uno de los firmantes en la carta que expresa el rechazo de la decisión de la Corte de aumentar a 2,95% el porcentaje –siendo una especie de “equilibrio” entre lo determinado por Fernández y el pedido de Larreta- hasta “discutir la cuestión de fondo” el gobernador bonaerense cargó contra la oposición al ligarla a las decisiones de la Corte casi como una especie de “devolución de favores”.
 
Dijo que en la oposición “se hacen los republicanos e indignados” pero “hagamos memoria”.
 

“Ni bien asumió, Macri nombró a dos de los actuales miembros de La Corte por decreto y le subió arbitrariamente por decreto la coparticipación a CABA de 1,4% a 3,75% porque era una promesa electoral”.

 
Tras señalar que “todo tiene que ver con todo” Kicillof expresó que “la Corte nombrada por decreto de Macri sigue defendiendo los beneficios por decreto a la ciudad más rica del país, en detrimento de las provincias. Una inmundicia”.
 
Mientras tanto, otros cuatro nuevos gobernadores se sumaron al rechazo del fallo de la Corte Suprema. Se trata de Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). De esa forma, ya son 18 los mandatarios provinciales alineados con la Casa Rosada, que recusó la medida.
 
El comunicado compartido que emitieron los gobernadores y el gobierno nacional señalaron su preocupación por “el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto”.
 
El escrito, sobre la correspondencia de esos fondos destinados en materia de seguridad, agregó que “el traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial”.
 

Por otro lado, marcaron que “esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía”.

 
“Sostenemos firmemente que esos fondos nacionales [que favorecieron a la Ciudad], al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina” cerraron.