- Política
- 25.01.2023
Lago Escondido Gate
Kicillof denunció penalmente a Robles y D´Alessandro, los funcionarios implicados en el escándalo de Lago Escondido
La gestión bonaerense presentó ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra el asesor del juez de la Corte Suprema, Horacio Rossati, y el ministro larretista, por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por Juan Vera Visotsky
La provincia de Buenos Aires denunció penalmente ante los tribunales federales de La Plata a Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro por conductas que configurarían, entre otros, los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Kicillof se suma así a la ola de denuncias de gobernadores peronistas contra los funcionarios implicados en los escándalos de Lago Escondido.
La presentación del gobernador se basó en el reclamo que viene sosteniendo desde que la Corte Suprema de Justicia falló a favor del gobierno de CABA en el caso de la coparticipación. “Nuestra provincia es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicaron desde Casa de gobierno. “Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”, agregaron.
“Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”, consideraron desde provincia en referencia a los chats de Telegram filtrados, en los que se leían los excelsos vínculos entre los funcionarios del larretismo y los miembros del poder judicial.
Además de Kicillof, anteriormente Ricardo Quintela (gobernador de La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) habían denunciado a estos funcionarios por las mismas razones.
A continuación el primer párrafo de la denuncia penal a la que tuvo acceso NuevaBA:
“AXEL KICILLOF, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio en Casa de Gobierno, calle 6 entre 51 y 53 (B1900CXG) de la Ciudad de La Plata, por derecho propio, respetosamente me presento y digo:
Que, vengo por el presente a formular denuncia penal en contra del Sr. Silvio Federico Robles, DNI 20.403.949, Director General de la Vocalía del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el Sr. Marcelo D’Alessandro, Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por considerarlo posibles responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público, tipificados en los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal, y/u otros posibles actos de corrupción por los hechos que seguidamente se exponen.
Que, la presente se motiva en base a los hechos de público y notorio conocimiento, referidos a la difusión de mensajes de texto que corresponderían a una conversación llevada a cabo vía telefónica entre los denunciados, cuyo contenido configura conductas prohibidas a su condición de funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La provincia de Buenos Aires denunció penalmente ante los tribunales federales de La Plata a Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro por conductas que configurarían, entre otros, los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Kicillof se suma así a la ola de denuncias de gobernadores peronistas contra los funcionarios implicados en los escándalos de Lago Escondido.
La presentación del gobernador se basó en el reclamo que viene sosteniendo desde que la Corte Suprema de Justicia falló a favor del gobierno de CABA en el caso de la coparticipación. “Nuestra provincia es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicaron desde Casa de gobierno. “Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”, agregaron.
“Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”, consideraron desde provincia en referencia a los chats de Telegram filtrados, en los que se leían los excelsos vínculos entre los funcionarios del larretismo y los miembros del poder judicial.
Además de Kicillof, anteriormente Ricardo Quintela (gobernador de La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) habían denunciado a estos funcionarios por las mismas razones.
A continuación el primer párrafo de la denuncia penal a la que tuvo acceso NuevaBA:
“AXEL KICILLOF, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio en Casa de Gobierno, calle 6 entre 51 y 53 (B1900CXG) de la Ciudad de La Plata, por derecho propio, respetosamente me presento y digo:
Que, vengo por el presente a formular denuncia penal en contra del Sr. Silvio Federico Robles, DNI 20.403.949, Director General de la Vocalía del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el Sr. Marcelo D’Alessandro, Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por considerarlo posibles responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público, tipificados en los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal, y/u otros posibles actos de corrupción por los hechos que seguidamente se exponen.
Que, la presente se motiva en base a los hechos de público y notorio conocimiento, referidos a la difusión de mensajes de texto que corresponderían a una conversación llevada a cabo vía telefónica entre los denunciados, cuyo contenido configura conductas prohibidas a su condición de funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
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