Se cumplen 15 años de la desaparición de Luciano Arruga

Este miércoles, se cumple el aniversario número 15 de la desaparición seguida de muerte de Luciano Arruga en manos de la Policía Bonaerense. Desde la Correpi y el CELS pidieron que se esclarezca este hecho de forma “definitiva” y manifestaron una profunda preocupación por otros casos de gatillo fácil y violencia institucional en la Provincia.
 

Denunciado como desaparición seguida de muerte, sus familiares y amigos continuaron la lucha por verdad y justicia y seis años después, el 17 de octubre de 2014, apareció su cuerpo sin vida enterrado como “NN” en el Cementerio de la Chacarita.

 
Justamente, en esa fecha, se conoció que al cementerio lo enviaron desde el Hospital Santojanni donde fue ingresado como atropellado por un auto el 1 de febrero de 2009. Luciano tenía 16 años cuando fue visto por última vez volviendo a su casa en Lomas del Mirador. Su caso marcó la lucha contra el gatillo fácil y la violencia institucional en Argentina.
 
Por el hecho, recién en 2015 fue condenado el ex policía bonaerense Julio Torales a 10 años de prisión, por la tortura a Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008. Más allá de esto, “aún no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó y su familia sigue exigiendo que se esclarezcan los hechos” expresaron.
 
También se solicita junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que se inicie un juicio político a la fiscal Roxana Castelli, por haber “delegado la investigación a la Policía Bonaerense a pesar de que integrantes de esta fuerza habían hostigado y torturado a Luciano”, también a la fiscal Celia Cejas, “por haber pedido la intervención de los teléfonos de la mamá, la hermana y otros familiares de Luciano de forma arbitraria, secreta y extendida en el tiempo; y al juez de garantías Gustavo Banco, “por las conductas que había tenido durante la investigación”.
 
La Bonaerense, con récord de violencia institucional
 
Según un informe presentado por el CELS, la Policía de la Provincia concentra la mayor cantidad de hechos de violencia letal. Entre 1996 y septiembre de 2023 las muertes de civiles en manos de las fuerzas de seguridad, sólo en CABA y el conurbano bonaerense, suman casi 4 mil.
 
Desde la Correpi, en su documento “A 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión” que de los 172 casos de gatillo fácil ocurridos desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2022, 63 fueron cometidos por la Policía de la Ciudad y 109 por la Policía Bonaerense.
 

Los varones jóvenes son el grupo más afectado por la letalidad policial en el AMBA. Entre enero y septiembre del 2023, del total de particulares muertos, el 97 % eran varones y el 3 % mujeres. Del porcentaje de varones, el 68 % tenía entre 15 y 27 años.

 
Además, denunciaron que los femicidios cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad son “una parte importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional”.
 
Uno de los principales problemas en todos los casos es el uso de armas de fuego mientras están fuera de servicio. “La mayoría de las muertes causadas por funcionarios de seguridad ocurren en esta circunstancia. Incluso la mayoría de los homicidios realizados por la Policía de la Ciudad suceden cuando los agentes están fuera de servicio y en territorio bonaerense”.
 
“La portación del arma fuera del horario de servicio confluye con la creencia de que les efectives de seguridad deben intervenir en cualquier circunstancia”, aseguran desde el CELS y continúan: “Esta costumbre es un peligro para la vida de les particulares y de les funcionarios, incluso de quienes ya se retiraron”. “La portación del arma de fuego fuera del horario laboral promueve además el desplazamiento de la violencia hacia los lugares de residencia de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad: sus hogares y sus barrios”, finalizan.