Preocupación entre las universidades públicas por los tarifazos y recortes

Las universidades públicas nacionales asentadas en la provincia de Buenos Aires comenzaron a recibir facturas de electricidad con montos que, en la mayoría de los casos, triplican los valores de las del mes pasado.
 
La Universidad Nacional de Moreno (UNM) pasó de una factura mensual de 5 millones de pesos a una de 14. En distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se registraron saltos similares: Ciencias Exactas recibió una factura de 14 millones, que también triplica a la anterior, mientras que en Humanidades el monto final se acerca a los 20 millones.
 
En la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) pasaron de pagar 8 millones a tener que abonar 22. "Mensual, no bimestral", aclara su rector y titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Grecco. En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la comparación que hicieron es interanual. Pasaron de pagar 4.827.120 de pesos en el primer bimestre de 2023 a 20.125.103 en el mismo período de 2024, con igual nivel de consumo.
 
En la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), el aumento fue de 6 millones de pesos a 19 millones. "Lo que aumentó es el servicio y no el consumo, porque nosotros tenemos una subestación propia y pagamos por un paquete de energía, la factura no depende de si nos olvidamos de apagar la luz", explica el secretario general y jefe de gabinete, Indalecio González Bergez.
 
González Bergez señala a Buenos Aires 12 que "la factura es un problema en sí mismo, pero también es un indicio de lo que viene, porque hay evoluciones similares en otros rubros". "Nosotros, por ejemplo, prendemos las calderas en mayo, para calefaccionarnos, ¿qué va a pasar cuando vengan esas facturas de gas?", se pregunta.
 
El jefe de gabinete de la universidad ubicada en el sur provincial advierte que todavía no se hizo efectiva la partida anunciada por el Gobierno y que significaría un aumento de los fondos destinados para gastos de funcionamiento de 70 puntos. "Si todo aumenta el triple o más, ¿cómo evitás el deterioro de la universidad?", vuelve a cuestionarse. 
 
Ya antes de la implementación del tarifazo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) habían advertido que, con la combinación del presupuesto de 2023 prorrogado y la inflación acumulada superior a 200 puntos desde entonces, de no modificarse la situación, deberían cerrar sus puertas antes de mitad de año.
 
El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, Mauricio Erben, explicó que sólo considerando los medidores de luz de los edificios centrales, en enero se pagaron 4.986.730 pesos de luz y en febrero 14.158.623. "Como enero es vacaciones, comparamos consumos y en febrero sólo aumentamos un 4 por ciento en kilowatts, o sea, casi se triplicó el costo del servicio", dice y advierte que la única razón de la suba es la quita del subsidio por parte del Estado nacional".
 
El análisis de Erben refleja otra preocupación de las autoridades universitarias. Esas facturas no representan el techo, porque durante febrero pasado, sólo recibieron clases los ingresantes, de manera que no tuvieron actividad plena. La verdadera dimensión se observará cuando lleguen las facturas correspondientes a marzo, primer mes con consumo real, con aulas llenas, seguramente la semana próxima.
 
"Esa factura se pudo pagar, gracias a que el rectorado contaba con una partida de fondos especiales, pero no es algo que se puede hacer repetidamente, durante todo el año, pero para pagar la luz hubo que reasignar y resignar otras cosas", explica Erben. 

La similitud entre las facturas recibidas por campus completos como los de UNSAM o UNM y las facultades de la centenaria UNLP se debe a que, por lo general, las universidades de creación más reciente tienen todas sus facultades y carreras reunidas en distintos edificios pero una misma sede, mientras que en las tradicionales como la UNLP, producto del crecimiento, cada facultad resolvió sus necesidades edilicias de distinta manera.
 
Consultado al respecto, en el marco de una de sus habituales conferencias de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comenzó restándole importancia al tema. “No creo que ninguna universidad cierre porque no puede pagar la luz”, dijo. “Es un problema de falta de fondos, que por una factura de luz no van a cerrar las universidades, ahí hay un tema presupuestario de discusión de fondo si no se les aumenta las partidas presupuestarias", indicó y aseguró que "llegado el caso, se discutirá”.
 
Luego agregó que “las partidas estuvieron congeladas durante 2023 y no escuché quejas el año pasado”, y se manifestó sorprendido porque “todas las quejas vienen con el presidente Milei”. “No va a haber ningún cambio presupuestario por las facturas de luz, no va a pasar eso”, cerró Adorni.
 
Según explica un funcionario de larga trayectoria en el ámbito universitario, la factura de suministro eléctrico, en condiciones normales, representa alrededor del 30 por ciento de los costos de funcionamiento operativo, que contempla además al gas, seguridad, higiene, seguros, conectividad y otros ítems, excluyendo salarios docentes y no docentes. "Si ese 30 se triplica, significa que el costo total sube cerca del 90, de manera que casi se duplica", detalla.
 
Este viejo conocedor del sistema universitario compara este presente con lo ocurrido durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Mauricio Macri. "En esas experiencias, te cortaban el chorro para obligarte a protestar y desgastarte, pero la guita terminaba apareciendo", señala. Explica que "el verdadero objetivo, el de fondo, es destruir el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, porque el costo político de eso es comparativamente mucho menor que el escándalo de cerrar una universidad".
 
Efectivamente, ninguna de las dos paritarias muestra avances. Por ese motivo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) realizó un paro el pasado jueves 4 y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) rechazó un ofrecimiento de 12 puntos de aumento hace poco más de una semana.
 
El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) resolvieron convocar a una Marcha Federal Universitaria para el 25 de abril, en defensa de la universidad pública, los salarios docentes, no docentes e investigadores; como así también la defensa de las becas, y el boleto educativo. Pidiendo también por la reincorporación de los despedidos en el Estado nacional, se ratificó también las 48 horas de lucha y visibilización de este miércoles y jueves en todo el país.