Buscan suspender los desalojos de empresas recuperadas y los cortes de servicios provinciales

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto que prorroga la emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires. Luego de intensas negociaciones, ayer miércoles se votó que el plazo de vigencia para la medida sea de dieciocho meses con la posibilidad de prorrogarse por un año más. De esta manera, el proyecto pasó al Senado y esperar convertirse en ley para mantener la suspensión de desalojos y de los posibles cortes en los servicios públicos.
 
“Estamos en la mira del Gobierno nacional porque somos cooperativas y somos trabajadores, por eso es importante seguir teniendo el paraguas de la emergencia”, apuntó Gisela Bustos, abogada del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) a Buenos Aires 12. Como representante de la organización, Bustos trabajó en la elaboración del proyecto en contacto los legisladores bonaerenses y el universo de más de 150 empresas recuperadas bonaerenses.
 
Entre ellas está la Cooperativa 19 de Diciembre de Villa Ballester en el partido de San Martín, cuya bandera colgaba de uno de los palcos durante la segunda sesión del año en Diputados. Su presidente, Enrique Iriarte, señaló que desde que asumió Javier Milei vieron reducida su capacidad de producción al 10 por ciento.
 
La firma, que vino a darle continuidad a la autopartista IDACO SA en 2002, hace años incorporó la línea de producción de electrodomésticos. “La situación es muy pero muy mala, estamos viviendo un achicamiento tremendo de la producción, porque los clientes se desplomaron, no entran órdenes compra”, subrayó Iriarte.
 
Para Bustos es “fundamental” que la semana que viene se apruebe la ley en el Senado dado que, al problema de la caída en la producción, se le sumó el fuerte incremento en las tarifas eléctricas. "A la cooperativa 1° de Agosto en Quilmes, también autopartista, le llegó una factura de luz que casi cuadruplicó el monto de lo que le venía”, afirmó.
 
En lo que respecta al desarrollo de la sesión, el proyecto de Unión por la Patria contó con el apoyo del radicalismo, del PRO, de la Izquierda y del bloque Libertad por Siempre, que hoy representan el ala dialoguista de La Libertad Avanza en la Provincia.
 
Entre las modificaciones que se le dieron al texto original, se agregó que para acceder a los beneficios de la ley, las empresas deberán estar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas a cargo del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), recientemente creado por Axel Kicillof.
 
“Apenas nos notificaron desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) de que vencía la emergencia, lo hablamos con el gobernador que, junto a su equipo, nos dio la tarea de trabajar este tema”, detalló Gildo Onorato a Buenos Aires 12.
 
El presidente del IPAC, presente en el reciento de la Cámara Baja durante la segunda sesión del año, relató que se contactó días atrás con el presidente del bloque de UxP, Facundo Tignanelli, “que le dio un rápido tratamiento en comisiones para alcanzar la media sanción de hoy”.
 
Con amplio acompañamiento, la Cámara Baja aprobó la iniciativa enviada por el Ejecutivo provincial para darle continuidad a un proyecto que tenía estado parlamentario y fue presentado en 2023 por la diputada mandato cumplido del Movimiento Evita, Patricia Cubría.
 
La vigencia de la emergencia actual vencía a fines de abril, por lo que desde el MNER se acercaron a la provincia para mantener la suspensión de sentencias de desalojo y de cortes de servicios públicos.
 
“Esto permite seguir trabajando en los problemas de fondo, como los circuitos de comercialización o la escala productiva de las empresas”, remarcó Onorato. Y señaló: “Este es un gobierno provincial que protege y acompaña, muy distinto al de Milei”.
 
En la misma sintonía, Bustos aseguró que la continuidad de la emergencia brinda a tranquilidad para seguir trabajando en problemáticas como la modificación en la Ley de Expropiaciones de la provincia. “Hoy cuesta avanzar en las expropiaciones porque la ley 5708 es anterior a la existencia de las empresas recuperadas que arrancaron desde 2001, entonces no contempla la figura”, indicó.
 
La vivido por 19 de Diciembre o COTRAMEL, distantes en el tiempo, tienen como eje conductor el quiebre de una firma y la organización de sus trabajadores para darle continuidad a su fuente laboral en el marco de una cooperativa. Por eso repiten un mantra: “No queremos joder a nadie, sólo queremos laburar”.
 
Otro eje que destacó Bustos fue que, de aprobarse la ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires "permitirá marcar un fuerte antecedente para ir a pelear proyectos similares en las demás legislaturas provinciales".
 
Tras varios días de negociaciones y con un proyecto inicial que establecía un período de cinco años de duración para la emergencia, finalmente se consensuó en dieciocho meses con un año de prórroga. En paralelo, se declaró de “interés provincial” el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores y trabajadoras, “como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en crisis o proceso de quiebra”.
 
De esta manera, durante el plazo que esté la emergencia, estarán suspendidas todas las acciones judiciales o trámites, sea cual sea el estado en que se encuentren, que tengan por finalidad “ordenar y/o ejecutar el desalojo de Empresas Recuperadas”.
 
El quinto párrafo de la ley amplía las suspensiones a los cortes de servicios públicos provinciales, es decir, aquellos que están por fuera del conurbano por ser un ámbito donde actúan empresas prestatarias como EDENOR, EDESUR, o AySA que están bajo jurisdicción nacional.
 
Bustos aclaró que “si bien la Legislatura no puede actuar sobre estas empresas, sirve de precedente para que nosotros podamos acercarnos a ellas y plantear una tarifa diferencial”. Este beneficio, aseguró, se encuentra en un gris porque con la disolución de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas no hay comunicación con el Gobierno nacional.
 
El beneficio vinculado a los servicios públicos incluye que las prestatarias deban otorgar planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de la emergencia.