Comisión Provincial por la Memoria: "El protocolo antipiquete es impracticable"

Desde la Comisión Provincial de la Memoria consideran que el anuncio del presidente Javier Milei de aplicar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich a la marcha en defensa de la universidad pública de hoy martes es impracticable y la declaración tiene intenciones disuasorias, para esmerilar la convocatoria.
 
Roberto Cipriano García, abogado graduado en la UNLP y miembro del secretariado de la CPM, sostiene que "la evidencia anterior demuestra que el protocolo es impracticable en marchas muy masivas, como la que se espera el martes, pero no es garantía de comportamiento futuro".
 
García agrega que "los propios responsables de los operativos lo reconocen en privado. Acá lo que se ve es la intención del Gobierno de bajarle el tono a una marcha que, parece, será histórica" y que "el motivo útimo parece ser el argumento del supuesto control de la calle, la foto para que Bullrich pueda exhibir como triunfo político". 
 
La Comisión Provincial de la Memoria, en tanto integrante del Mecanismo de Prevención de la Tortura, cuenta con un área de Justicia y Seguridad Democrática, que monitorea el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad y sus formas de intervención y represión sobre la protesta social.
 
En el ejercicio de esa función, sus integrantes estuvieron en la calle en cada instancia de protesta de estos últimos cuatro meses: durante la marcha piquetera del 20 de diciembre, por un nuevo aniversario de 2001, en la marcha conjuntamente organizada por la CGT y las CTA a Plaza Lavalle, una semana más tarde, en el paro nacional con movilización a Congreso del 24 de enero, en la represión durante las protestas contra la ley ómnibus, el 31 de enero y 1ro de febrero.
 
También, más recientemente, en la marcha de las mujeres del 8 de marzo, en el aniversario del 24 de marzo y, finalmente, en la movilización frente al Ministerio de Capital Humano, el pasado 10 de abril. En todos los casos, producen un informe, que luego entregan a los legisladores nacionales y funcionarios nacionales y provinciales. Más de una vez, esos informes terminan incorporados en procesos como prueba judicial o elevados a organismos internacionales.
 
“Lo que se observa como patrón o modus operandi, es una decisión de ir con todo contra los movimientos sociales. Cuando el actor que se moviliza es otro, la actitud cambia, es más bien expectante”, explican.
 
Cuando se aplica el protocolo, agrega García, "pasan dos cosas: una, es la propia policía la que termina cortando el tránsito o, dos, el tránsito circula pegado a la multitud, y esa situación de peligro puede generar un accidente en cualquier momento".
 
Otras fuentes consultadas imaginan que la marcha universitaria, además de ser muy masiva, lo que ya de por sí tiene un carácter disuasivo para los intentos represivos, tendrá una composición socioeconómica diversa. Por eso suponen que, más allá de las recientes declaraciones altisonantes del presidente, el comportamiento de las fuerzas sería similar al del 8 o 24 de marzo.
 
“En esos casos se dieron cuenta rápidamente que, por la cantidad de gente, lo de marchar por la vereda era absolutamente impracticable. Igual, hubo algunos hechos de represión aislados, especialmente a la hora de la desconcentración, cuando van quedando grupos sueltos”, relatan. "También se está repitiendo la infiltración de agentes de civil entre los manifestantes, con la intención de provocar o generar disturbios".
 
“Anuncios de aplicación del protocolo, en casos como este, parecen más una expresión de enojo, una reacción emocional, y un intento de disuadir a algún sector de los que pensaban asistir, infundiendo temor o preocupación por una posible represión”, agregan.
 
La contracara de esta actitud es la represión a las movilizaciones de movimientos sociales, que se ha mostrado “sistemática” e “implacable”. La voluntad disciplinadora contra esos sectores ya se pudo observar el 20 de diciembre, cuando a los manifestantes no se les permitió bajar de la vereda y Edgardo Belliboni terminó detenido, mientras Milei y Bullrich observaban todo desde la sala de situación del departamento central de policía.
 
Más recientemente, la CPM publicó el informe sobre la represión de la protesta frente a la sede del Ministerio de Capital Humano, el pasado 10 de diciembre. Allí señalan, entre otras cosas, que “la violencia represiva fue desplegada por los distintos cuerpos de la Policía de la Ciudad utilizando una combinación de ataques indiscriminados con disparos con postas de goma, camiones hidrantes, lanzamiento de gases químicos y golpes con tonfas contra las y los manifestantes, incluso cuando estaban de forma pacífica o retirándose”.
 
Y agregan que “como contrapartida, no se registró que las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina) presentes en el lugar fueran parte de la represión. Estos hechos culminaron con 10 detenciones y al menos 36 personas heridas, entre ellas periodistas y personal sanitario que se encontraba en las postas de salud de las organizaciones”.
 
El párrafo mencionado da cuenta de las diferencias que suelen producirse entre las fuerzas federales, dependientes de Patricia Bullrich, y las de la Ciudad de Buenos Aires, que responden a Diego Kravetz y Waldo Wolff.
 
Por lo general, son Gendarmería, Prefectura y Policía Federal las fuerzas más celosas de la aplicación del protocolo de su jefa, que al menos en el discurso no admite excepciones. En simultáneo, el alcalde Jorge Macri garantizó que la marcha "ocurrirá de manera pacífica". Es difícil que ambos tengan razón. 
 
Una fuente que estaba en el terreno el 10 de abril sostiene que “cuando se inició la represión, los manifestantes apenas estaban cortando un carril y se podía circular en los restantes. La represión pareció más bien la respuesta a un reclamo mediático. Eran pocos, sin capacidad de respuesta, y los dispersaron en menos de diez minutos”.