El Gobierno cerró 81 Centros de Acceso a la Justicia: ¿cómo afecta a la Provincia?

El Ministerio de Justicia anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJS) definiéndolas como “otra caja que brindaba de manera ineficiente servicios al Poder Judicial”. Muchas de las oficinas se encuentran en la provincia de Buenos Aires, lo que su clausura significará más bonaerenses desempleados.
 
Estos centros que “brindan servicios de atención legal primaria gratuita” en “temas de seguridad social, familia, trabajo, documentación, entre otros”, funcionan en 32 sedes en la provincia de Buenos Aires.
 
Antes de la asunción de Javier Milei, entre 2020 y 2023 los CAJS atendieron más de medio millón de consultas, alcanzando a más de 340 mil personas en todo el país. Cabe destacar que, a partir de este recorte y sumado a las 5 que habían cerrado previamente, sólo quedarán 24 de las 110 oficinas que había en todo el país al inicio de la gestión de Javier Milei.
 
Dentro de los CAJS trabajan cientos de profesionales entre los que destacan abogados, psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo. Según la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona, el cierre se llevará a cabo luego de una auditoría y en consecuencia de brindar “de manera ineficiente servicios propios”.
 
Según lo expresado, la medida responde a “una auditoría interna que la cartera realiza desde el mes de diciembre”. A su vez, determina: “El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en desentendencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones”.
 
Además, expresó que les costaba a los argentinos más “de 8 millones de pesos por año” y que el Gobierno “cuida el dinero de los contribuyentes”. Finalmente, sentencia: “Es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función”.
 
Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada de ATE de la Secretaría de Justicia, comentó que "Estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad".
 
"En la Secretaría de Justicia ya tenemos, hasta el momento, 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más", añadió.
 
Los CAJ son 105 en todo el país, ubicados en todas las provincias, en barrios vulnerables, de alta densidad poblacional. "Están compuestos por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo en dónde se realizan abordajes integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales, garantizando una escucha transversal e interdisciplinaria, en donde siempre hay uno o más derechos insatisfechos", explicaron desde ATE.