Buscan instalar un bar destilería en un sitio de memoria en Mar del Plata

El actual intendente de la ciudad de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, llegó para hacer negocios con el sector privado. Montenegro fue ministro de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno porteño, y responsable de la represión a pacientes y médicos del Hospital Borda, dirige los destinos de la ciudad con mano “macrista”.
 
Sus políticas neoliberales, que comenzaron en el 2019 y van por su segundo mandato, incluyen un intento por privatizar la Plaza del Agua y conceder su explotación a WAM Entertainment Company, una empresa vinculada al Espacio Clarín, así como el “padrinazgo de privados” que llevó en el 2022 a que la vieja Plaza Güemes sea rebautizada como Converse Park, algo que viola los estatutos municipales, ya que el renombramiento en zonas públicas sólo puede hacerse bajo la aprobación del Concejo Deliberante, informa Tiempo.
 
Nada parece detener a Montenegro, poco o nada se sabe sobre estos “negocios” y mucho menos sobre el lamentable estado de Mar del Plata. Una ciudad que tiene a sus empleados municipales en pie de lucha por bajos salarios, graves problemas de inseguridad y el triste record de ser la del índice más alto de desocupación de la Argentina.
 
En el sur de “La Feliz” se concentran los mayores deseos del sector empresarial por terrenos lindantes al mar. En la actualidad existe por parte de Cambiemos un pedido de “municipalización” de la zona de Punta Mogotes, cuyas tierras pertenecen en un 70% a la Provincia y en un 30% al municipio, para realizar en ese sector un emprendimiento con las características de Puerto Madero, lo que significaría un gran negocio dentro de la gestión de Montenegro.
 
A esto se suma la idea de un “corredor costero”, que implicaría pasar a manos privadas el Camping Municipal para la realización de una zona destinada al Glamping (servicios turísticos de lujo) y entregarle el manejo de todo el lugar a la misma firma que ya explota un área exclusiva de Playa Club en terrenos que figuran en la actualidad como “Reserva natural provincial”.
 
El Faro de la Memoria, un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar, señalizado en el 2014 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se encuentra ubicado en Avenida de los Trabajadores 5700, en lotes que pertenecieron a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), muy codiciados históricamente por el sector privado. Ya en 1990 parte de esos terrenos fueron alquilados al empresario Claudio Tutundjian para la instalación de un Parque Interactivo que no prosperó, pero que luego derivó una vez ya trasladada la Escuela de Suboficiales, en el Parque marino Aquarium, lindero al faro y construido sobre parte de un área donde estuvieron secuestradas 22 personas.
 
Del lado sur del faro también se estableció un emprendimiento con fines de lucro en parte de la superficie que perteneció al CCD que allí funcionó durante el Terrorismo de Estado. Hace varios años se creó el camping Luis Piedrabuena, sobre parcelas de mucho valor comercial que pertenecían al Ministerio de Defensa y fueron donados a la Municipalidad de General Pueyrredón hasta que Augusto Osvaldo Menecier, un suboficial retirado, los expropió y se negó varias veces a retirarse. Menecier revistió como suboficial de Inteligencia Naval, entre los años 1978 y 1979, en la misma época en que el Faro era utilizado como lugar de detención. Luego fue trasladado a la ESMA en 1980 con el grado CIAS (Armas Submarinas). Dirigió una empresa de servicios de seguridad y su nombre consta en un listado de la Dirección de Armamento del Personal Naval, junto a otros miembros de inteligencia investigados por delitos de lesa humanidad.
 
El ex militar alegó en 2015 que ahí funcionaba una Asociación Civil (algo que nunca se pudo constatar) y que luego se fundó un Centro Recreativo. Carlos Fernando Arroyo, otro intendente de Cambiemos, fue quien en 2019 cedió las tierras por cinco años, aplicando una tasa de 80 mil pesos anuales por lotes que ya venían siendo explotados y por los que existía un juicio de desalojo. Pero el plan de entrega presentado por Arroyo obtuvo el rechazo de organizaciones de derechos humanos, vecinos de la zona sur y se frenó en comisiones. Su hijo Guillermo Arroyo en 2019 intentó sin éxito reincorporar el expediente para otorgarle a una asociación integrada por ex miembros de la Armada un predio contiguo al Faro.
 
En 2022 sobre esa área empezó diseñarse La Restinga London Dry Gin, un bar y destilería de gin idea de Matías Iriarte, empresario y dueño de otros negocios vinculados al ocio y la diversión. El plan comercial se planea desarrollar sobre calles internas que dan cuenta que ese lugar era parte de la ex ESIM y que no pueden desprenderse de la totalidad de lo que fue el Centro Clandestino de Detención. En un primer momento las partes interesadas presentaron un proyecto en la Comisión de Obras Públicas, donde La Restinga entraba al predio por la ventana a través de la falsa asociación civil de Menecier, habilitándolo para subarrendar los terrenos a Burbarrel S.A, empresa propiedad de Iriarte y productora del gin Restinga.
 
Pero la fachada de la Asociación “Luis Piedrabuena” del ex marino era tan burda que no contaba con balances, tenía el CUIT dado de baja y no poseía autoridades vigentes. Organismos de Derechos Humanos y directivos del espacio Faro de la Memoria solicitaron una sesión en el Concejo Deliberante con el ex marino, a la cual no asistió, pero en su lugar fueron Iriarte y los representantes del sector corporativo, mentores de la propuesta.
 
El intendente Arroyo terminó su mandato y poco tiempo después falleció, lo mismo que Menecier y esa zona costera quedó en un limbo legal, forzando al empresariado a buscar con el nuevo intendente otras opciones para poder “alquilar”. Ahora Guillermo Montenegro, hijo de un reconocido submarinista que se desempeñó en la Base Naval de Mar del Plata como capitán de Navío del ARA Salta, entre 1974 y 1977, impulsa un nuevo proyecto para conferirle a la Sociedad de Fomento Faro Norte el uso de esos terrenos a la vez que intenta habilitar la firma de un convenio entre el municipio y la asociación vecinal por un canon de 250 mil pesos mensuales.
 
Esta “jugada” le permitiría a la entidad barrial volver a ceder el uso de ese espacio a un tercero, en este caso Matías Iriarte y su empresa que, según surge del texto, del Proyecto de Ordenanza, sería la encargada de “aportar parte de los fondos que permitan el cumplimiento de obligaciones y el desarrollo de las actividades mencionadas” (un local gastronómico y una micro destilería artesanal). Hay quienes sostienen que poner un bar de gin en ese lugar es como si en Alemania hubieran abierto una cervecería en Auschwitz.
 
Mientras tanto, el sueño de quienes conforman el Colectivo del Faro, que ahí funcione un espacio cultural de recuperación testimonial destinado a educar con conciencia histórica y ambiental respetando la Reserva  Natural y sus rasgos paisajísticos, geológicos, de flora y fauna, se ve amenazado por los mezquinos intereses económicos de un sobreexplotado mercado de nocturnidad y alcohol.