Atanor afronta una posible clausura, despidos y una audiencia judicial

A cinco meses de la explosión de uno de sus tanques de atrazina, un químico altamente contaminante, que impregnó el aire en un radio de al menos tres kilómetros, la planta de Atanor, que nunca reabrió, comenzó a enviar telegramas de despido y crece la preocupación entre los trabajadores. Hoy viernes tendrá lugar una audiencia judicial clave para definir el futuro de la fábrica.
 
El secretario general de la regional local de los trabajadores de la industria química, Ricardo García, desmiente que la empresa tenga interés en reducir su operación por caída de ventas o para recontratar personal bajo una legislación más ventajosa. "Veníamos trabajando mucho, hasta había personal contratado, que es el paso previo a ampliarse", afirma a Buenos Aires 12, y agrega que "desde marzo hasta hoy pagaron el 75 por ciento de los salarios. Es probable que ahora, si no se abre, haya que rediscutir el porcentaje a la baja".
 
Sin embargo, fuentes con acceso al expediente, en manos de la jueza penal Luciana Díaz Bancalari, sostienen que la empresa nunca tuvo vocación de reabrir y que, a lo largo de estos cinco meses, más allá de las declaraciones públicas en contrario, Atanor incurrió en sucesivas demoras y maniobras dilatorias.
 
En paralelo, la empresa, que cuenta con unos 150 trabajadores, abrió un programa de retiros voluntarios, al que sólo adhirieron una decena. Como antecedente reciente, entre 2017 y 2018, Atanor cerró dos de sus plantas, en las localidades bonaerenses de Munro y Baradero y despidió a casi 150 trabajadores. Entonces, desde el sindicato los acusaron de dejar de producir para importar. Ese mismo año, meses más tarde, la firma amplió y reinauguró su planta de San Nicolás.
 
La explosión a principios de este año, lejos de ser un hecho sorpresivo, fue el último eslabón de una larga cadena. A lo largo de toda la mañana del 20 de marzo, la atrazina diseminada causó irritación de ojos y garganta de gran parte de la comunidad nicoleña. Además, Atanor fue condenada por causarle un daño irreparable al río Paraná, al volcar en sus aguas efluentes sin tratar.
 
La planta de Atanor en San Nicolás arrastra conflictos y demandas ambientales desde 2015. Ese año, fueron los propios trabajadores los que denunciaron la contaminación, primero ante el sindicato y luego, a través de sus familiares, ante la opinión pública. Con el correr de los siguientes meses y años se fueron movilizando y sumando a las denuncias los vecinos de los barrios linderos (Química, Belgrano, Obrero y San Isidro), entre los que la prevalencia del cáncer es mucho mayor que en otras zonas.
 
Actualmente, la posición del sindicato es que la planta de atrazina permanezca cerrada pero se habilite la producción en los demás sectores, porque el proceso de relocalización de esa planta podría demorar tres, cuatro o más años.
 
La relocalización es un reclamo histórico de los vecinos, ya que con el crecimiento demográfico de la ciudad, la planta quedó en medio de una zona residencial. Pero, a la vez, es apenas la mitad del problema. Por el tipo de actividad que desarrolla, Atanor debería estar localizada, sí o sí, dentro de un parque industrial, donde los controles e inspecciones son habituales y exhaustivos.
 
La realidad de Atanor es que produce agroquímicos y fertilizantes, que provee al agronegocio, especialmente en toda la zona núcleo. Las perspectivas del sector para el futuro no son alentadoras: el precio internacional de la soja está en mínimos históricos y el Gobierno nacional no cede a los reclamos, ni de devaluación ni de eliminación de retenciones.
 
Las partes (el sindicato y la empresa, por un lado, y las organizaciones ambientalistas querellantes, por otro), están citadas para una audiencia en el juzgado de Díaz Bancalari hoy viernes. Todos los consultados entienden que ese será el día D, para definir si Atanor vuelve a producir.
 
El de Atanor no es el único conflicto ambiental en San Nicolás. En 2020, el Ejecutivo que entonces encabezaba Manuel Passaglia, hermano del actual intendente, comenzó una serie de obras en el área natural protegida Parque Rafael Aguiar, frente a la costa del Paraná, en abierta violación del plan de manejo del parque, que tiene rango de ordenanza municipal, con el objetivo de facilitar el acceso vehicular y concesionar las playas.
 
La Comisión Nicoleña por el Ambiente (CONA) denunció los hechos ante la Justicia provinical y la demanda fue escalando hasta llegar a la suprema corte, que meses atrás declaró la clausura y ordenó retirar todas las máquinas y equipamiento vial.
 
Según la CONA, las aguas a esa altura están contaminadas por efluentes cloacales, que el municipio vuelca directamente en el río, ya que la planta de tratamiento no está en condiciones por falta de mantenimiento.