Katopodis e intendentes demandaron al Gobierno Nacional por el estado de las rutas nacionales

Con una imagen cargada de simbolismos pero además con acciones concretas, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis reunió a 20 intendentes del interior de la Provincia para firmar una demanda judicial por el abandono de las rutas nacionales en territorio bonaerense.
 
“Estamos cansados de ver siniestros viales por responsabilidad del mal estado de los caminos” dijo uno de los jefes comunales que estuvo en Luján. “Se terminan llevando la vida de nuestros vecinos a costa de un modelo de país que excluye y genera las condiciones de este desastre” agregó, ante la consulta de NuevaBA.
 

Incluso, no se descarta que algunas de las obras que están en grado de avance o son necesarias sean trasladadas a la Provincia, que se haría cargo a pesar de la delicada situación financiera que atraviesa.

 
Lo concreto es que además de la vida en riesgo de los que transitan día a día estas rutas nacionales, también hay graves inconvenientes en el ya golpeado desarrollo productivo, que ven imposibilitados de trasladar los productos por los caminos nacionales.
 
El lugar, todo un simbolismo: la Basílica de Luján. Con el anfitrión Leonardo Boto y varios intendentes de Unión por la Patria y también de vecinalismos, Katopodis fue el principal orador de una conferencia de prensa donde explicó que “firmamos una presentación judicial para que el Gobierno Nacional explique qué hizo con los $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles que solo eran para las rutas y $1 billón del Impuesto PAIS destinados a obras de infraestructura”.
 

“Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono”.

 
De hecho, y con un tono de dureza que se prolongó en toda la conferencia sobre Milei, dijo que es “el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución” y agregó: “Queremos que la justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente”.
 
“Nosotros por decisión del Gobernador Kicillof vamos a seguir trabajando para que las rutas que pasan por nuestros municipios estén en condiciones porque por ellas pasa gran parte de lo que produce la Argentina”, concluyó.
 
Cómo es el sistema de financiamiento de las obras en rutas
 
La Ley 23.966 establece que el 28,58% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles debe dirigirse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y la mitad de esos fondos corresponde a Vialidad Nacional para la construcción, el mantenimiento y la mejora de las rutas. Sin embargo, en lo que va del año, el Ejecutivo no giró los recursos al organismo encargado de las obras viales.
 
Tal es así que el Gobierno Nacional dejó de transferir en 2024 a Vialidad Nacional unos $200 mil millones recaudados a través del Impuesto a los Combustibles y retuvo $1 billón proveniente del Impuesto PAIS, fondos que por ley debían destinarse a la ejecución de infraestructura. La decisión, sumada a la paralización de más de 2.300 obras públicas, impactó en el mantenimiento de los corredores viales y el desarrollo de las regiones.
 
El desvío de fondos también alcanzó al Impuesto PAIS. Según datos oficiales de ARCA, en 2024 la recaudación alcanzó los $6,27 billones, con un incremento del 315,3% respecto del año anterior. El Decreto 193/24 estipula que el 28,2% de esa recaudación debe destinarse a la Secretaría de Obras Públicas, lo que equivalía a $2,08 billones hasta diciembre. Sin embargo, el organismo ejecutó apenas $38,77 mil millones, menos del 2% de lo previsto, mientras que el Decreto 1104/24 obligó a constituir un bono por $1 billón a favor del Tesoro Nacional.
 
Desde diciembre de 2023, la parálisis de la obra pública alcanzó a 277 proyectos viales que estaban en ejecución, de los cuales 150 contaban con un avance superior al 40% y 85 tenían más del 70% de los trabajos finalizados. Entre las obras estratégicas detenidas figuran la Autopista Presidente Perón, la conversión en autopista de la Ruta 7 entre Carmen de Areco y Chacabuco, la variante Chacabuco, la Autopista de la Ruta 33 y la Autovía de la Ruta 3 entre Cañuelas y Azul.
 
El estado de abandono de la red vial se evidencia en la falta de mantenimiento, incluso en tareas básicas como el corte de pasto en las banquinas, muchas de ellas que se hicieron cargo los propios municipios, como en Olavarría y Tandil, por citar dos ejemplos. En la Provincia de Buenos Aires, donde nueve rutas nacionales atraviesan 57 municipios a lo largo de más de 4.000 kilómetros, la inversión de Vialidad Nacional cayó un 85,9% en 2024, convirtiéndola en la jurisdicción más afectada por los recortes.
 
Quiénes firmaron la demanda


 
De la firma participaron jefes comunales de ciudades del interior de la Provincia que son atravesadas por las distintas rutas nacionales cuyas obras fueron paralizadas. Estuvieron presentes el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Ramallo, Mauro Poletti; de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi; la intendenta Interina de Mercedes, Mariana San Martín; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; de Azul, Nelson Sombra; de Alberti, Germán Lago y de Bolívar, Marcos Pisano.
 
También, el de Bragado, Sergio Barenghi; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Chacabuco, Darío Golía; de Las Flores, Alberto Gelené; el intendente Interino de Mar Chiquita, Fabián Jacquet; de Benito Juárez, Julio Marini; de Saavedra, Matías Nebot; de Tornquist, Sergio Bordoni y de General Villegas, Gilberto Alegre.