Violencia institucional

Grave denuncia de golpiza y aislamiento colectivo al pabellón LGTB en la cárcel de Sierra Chica

La Comisión Provincial por la Memoria presentó un hábeas corpus para frenar la violencia contra el colectivo LGTB alojado en la Unidad Penal 2.



La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que el lunes pasado, alrededor de las 4.30 de la madrugada, agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense irrumpieron de manera violenta en el pabellón de diversidad de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica. Según el organismo, al menos 45 personas fueron arrastradas semidesnudas hacia celdas de aislamiento, donde varias de ellas sufrieron golpes y malos tratos.

“Quedaron incomunicadas, sin teléfonos ni contacto con familiares o abogados, pasando hambre y frío durante varios días y sin recibir medicación necesaria”, detalló la CPM en su denuncia, citada por la agencia Andar vinculada al organismo.

Como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión presentó un hábeas corpus colectivo exigiendo el cese inmediato de la violencia. Según se informó, algunas personas continuaban aisladas y la referente del pabellón fue trasladada a otra cárcel.



El recurso judicial advierte que el aislamiento colectivo fue aplicado como una sanción generalizada, práctica expresamente prohibida por la legislación vigente. “Las personas fueron sacadas semidesnudas, violentamente, despojadas de sus pertenencias y, durante la reclusión en buzones, se les negó acceso a medicamentos y comunicación exterior, provocando una profunda angustia”, señaló el documento.

En entrevistas realizadas por el equipo de la CPM, una de las referentes relató: “Me sacaron capeada, casi desnuda, corriendo entre la lluvia y el barro, me pegaron. No entiendo por qué”.

Quienes fueron devueltas días más tarde al pabellón no recibieron notificación formal alguna sobre los motivos de la sanción. Además, seguían en condiciones extremas de aislamiento, sin información ni posibilidad de defensa.



El hábeas corpus, radicado en el Juzgado de Ejecución N° 2 de Azul a cargo de la jueza Adriana Bianco, destaca que la medida violó principios básicos de legalidad y defensa en el marco de la ejecución penal. La jueza ordenó medidas de prueba y fijó una audiencia para el próximo lunes.

Los hechos no son aislados: tras un férreo ataque discursivo desde el gobierno nacional e incluso con diversas medidas que no prosperaron, como por ejemplo la eliminación de los centros de estudiantes en las unidades penales, la comunidad LGTB dentro del sistema penitenciario bonaerense quedó en riesgo y expuesta a posibles ataques, algo que se vio en la cruda denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria. 


COMENTARIOS